Adjovi fue entrevistado por el Canal Internacional NTN24. (Foto Cortesía)
El jurista Roland Adjovi, uno de los 5 miembros del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) afirmó que es una obligación para el gobierno venezolano acatar el dictamen de este grupo.
Adjovi fue entrevistado por el periodista Juan Carlos Aguirre en el Canal Internacional NTN24, donde precisó que la decisión de la ONU “no es algo a lo que el gobierno tenga una opción, es prácticamente una orden”, detalla una nota de prensa.
Agregó que “el Consejo de Derechos Humanos debe tomar acciones con base a la decisión de los expertos especializados en abordar este tipo de casos en caso de que Venezuela no acate el dictamen”.
El funcionario de la ONU destacó que sendos dictámenes no representan una intromisión en los asuntos de Venezuela. “Esto es un proceso establecido por ONU con el acuerdo de todos los Estados por lo que no interfiere con los asuntos internos de nadie, en cualquier caso que no se puede obtener justicia domésticamente ellos pueden solicitar este mecanismo”.
Adjovi enumeró los elementos tomados en cuenta para instar la liberación de López. Primero, López fue arrestado sin la debida orden judicial propia; segundo, la intervención del ejército en el arresto y también en la detención en la cárcel ya que la norma internacional de derechos humanos dice que debe ser la policía la que debe lidiar con este tipo de casos; y tercero, a López no se le ha dado la opción de pagar una fianza.
«Estos elementos articulados son la base para tomar la decisión de que el sr. López fue ilegalmente arrestado mientras ejercía sus derechos y no se le dio una base legal a su detención ni recibió un juicio justo en el proceso y por tanto sus derechos fueron violados».
En el caso de Ceballos explicó que el grupo también concluyó que hubo una detención arbitraria y pidió al gobierno liberarlo, «también concluyó que hubo una violación a sus derechos porque no hubo un proceso judicial adecuado”.
Destacó que en el caso de Leopoldo López, inclusive el gobierno esta obligado a un resarcimiento moral, «una disculpa pública además de la liberación”. (NBM)
