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La mayorìa de los consumidores rechazan que a partir de noviembre tengan que pasar por un captahuella para adquirir productos (Foto Archivo/El Carabobeño)

Dayrí Blanco

El abogado constitucionalista Iván Pérez Rueda sostiene que la implementación del sistema biométrico expresa una clara inconstitucionalidad porque se violenta un principio fundamental consagrado en el artículo 2, que habla de la libertad para escoger y decidir desde determinada situación. Bien sea desde la perspectiva ideológica o en la adquisición de bienes y servicios.

Las limitaciones que establece la Constitución están referidas a la calidad de los bienes. No a la cantidad. “Estamos en presencia de una limitante del derecho de comercializar y adquirir bienes en una sociedad que se presume es libre”.

Este mecanismo de control, a juicio del jurista, es sancionatorio porque es limitativo de la libertad. En esos casos se debe establecer una ley formal y no un decreto o una resolución presidencial. De esa manera autoritaria no es legal.

Podría ser una utopía desde el punto de vista práctico. “¿Cómo determinará el Estado las necesidades de cada persona? Eso es imposible porque cada quien requiere cantidades de medicinas y alimentos de manera variable porque todos somos distintos”.

Opinión De Consumidores

Ella entra al supermercado de costumbre, se sorprende de no ver cola para pagar, solo unas cinco personas hacían fila en las doce cajas habilitadas, paseó por los pasillos, verificó que no había nada de lo que estaba buscando, ni harina de maíz, aceite ni leche en polvo. Esa era la causa de la desolación: los anaqueles vacíos y otros llenos de enlatados. Pero justo cuando decidió salir del establecimiento vio un grupo de personas aglomeradas a un lado. Cada uno luchaba por no quedarse sin las dos unidades de champú que vendían por cliente. Sonrió y dijo “claro que hay cola, siempre hay, y con las captahuellas será peor”.

Su nombre es Beatriz Ordóñez. Ella, como cientos de consumidores se opone a la instalación del sistema biométrico de compras que tendrán instalados los comercios a partir del 30 de noviembre, por considerarlo una vejación a los derechos constitucionales de la población. “Pero en este Gobierno ellos hacen lo que quieren, hasta pisotean la Constitución que ellos mismos hicieron”.

Con sus bolsas de compra en mano, Nora de Acuña esperaba un taxi para ir a su casa. Sin titubear dijo que las captahuellas son la cosa más absurda que se le pudo ocurrir al Ejecutivo. Es una falta de respeto al ciudadano. Recordó que hace 16 años jamás tuvo que hacer colas, ni marcar la huella en una máquina, y mucho menos tener que dejar que alguien le escribiera un número en el brazo para poder comprar. Por eso no dudó en asegurar que prefiere quedarse sin adquirir alimentos regulados que tener que pasar por la “humillación” de la captahuellas.

César Lezama, mientras esperaba que sus familiares hicieran las compras, dijo que es una aberración que se pretenda controlar lo que cada quien desee consumir. “Ahora tenemos que pedirle permiso al Gobierno para todo. Hasta para comer lo que nos provoque en las cantidades que decidamos”. Expresó que no es posible que al Estado no le baste con el desastre que ha hecho con el control cambiario y la disminución de las importaciones. Venezuela cada día es más pobre y los empresarios tienen la peor parte, ahora se les obliga a pagar esas máquinas tan caras.

Tras ver la larga fila que había para cancelar en las cajas del establecimiento al que siempre va, Hartwig Butchart se dio media vuelta y salió. “Hoy no compré nada justamente por la cola. Y cuando implementen el sistema biométrico será peor porque solo instalarán cuatro o cinco en cada comercio para pagar productos regulados. Las colas se incrementarán”.

Para Milagros Freites, quien con cada paso dejaba claro su cansancio tras dos horas de cola, señaló que el nuevo mecanismo de control es antidemocrático. La nueva generación de venezolanos no puede heredar un país como éste, sentenció.




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