Trabajadores protestaron para exigir mejoras salariales. (Foto Ángel Chacón)
Dayrí Blanco
El tiempo de vida útil se venció. Los transformadores de las diferentes subestaciones de Corpoelec están colapsados. Han trabajado 15 años por encima del lapso para los que fueron concebidos y con una densidad poblacional que se ha duplicado, lo que genera las consecuentes interrupciones del servicio.
Técnicamente, por 25 años bajo un estricto mecanismo anual de mantenimiento, pueden funcionar de manera óptima los sistemas eléctricos. Pero en Venezuela fueron instalados hace cuatro décadas y solo se les aplican correctivos cuando presentan una falla de gran magnitud. Así explicó la realidad estructural de generación y transmisión del sector, Alí Briceño, secretario ejecutivo de la Federación de la Industria Eléctrica de Venezuela (Fetreelec).
Los racionamientos y la hipótesis de un excesivo consumo fueron cuestionados por el sindicalista, para quien la publicitada banda verde o ecológica es una mentira. “En ningún hogar, por humilde que sea, es imposible que se consuma menos de 500 kilovatios”. Al pasar el límite asignado de acuerdo a cada zona geográfica se aplican multas que se traducen en un incremento disfrazado de la tarifa, “que debe sincerarse pero garantizando la calidad del servicio”.
Salario de hambre
Los trabajadores de Corpoelec fueron enfáticos: “nos pagan un salario de hambre”, corearon durante la protesta que realizaron a las puertas de las oficinas administrativas de la estatal en Carabobo, en la avenida Cedeño de Valencia.
Reinaldo Díaz, miembro del comité ejecutivo de Fetraelec, dejó claro que el ministro de Energía Electrica, Jesse Chacón, mantiene una deuda con los tres mil 500 trabajadores de la industria en Carabobo, y los más de 50 mil en todo el país. Se trata de cinco aumentos salariales de 8% cada uno, y que pese que los tribunales laborales sentenciaron a favor de la fuerza laboral, el jefe de la cartera se negó a acatar la orden, e incluso la apeló.
Los trabajadores rechazaron el proceso de reingeniería que desmejora sus beneficios y exigieron la firma del contrato colectivo y la revisión del tabulador debido a que desde 2010 no reciben aumento salarial. “Pedimos 50 unidades tributarias, 12.5 a la firma, 12.5 al primer año y las otras 25 al segundo año”.
