El capítulo venezolano de Amnistía Internacional aseguró que los derechos procesales y la redención de la pena deben ser garantizados sin discriminación alguna a toda persona privada de libertad por la razón que sea.
Y recuerda que según el derecho internacional de los derechos humanos el objetivo esencial del sistema penitenciario debe ser la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, no la venganza.
En un comunicado que colgó en su sitio web, la organización amplía que «los castigos excesivos, incluido el alargamiento arbitrario de una condena o la discriminación en la garantía de derechos procesales de las personas privadas de libertad también pueden constituir una privación arbitraria de la libertad, contraria al derecho a la libertad personal, y pueden constituir una pena cruel, inhumana o degradante».
Amnistía fundamenta su comunicado en la Constitución y la legislación venezolana, así como al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a las Convenciones contra la Tortura, firmadas y ratificadas por Venezuela. «La jurisprudencia tanto del propio Tribunal Supremo de Venezuela, como de órganos internacionales de protección considera este principio de rehabilitación y reinserción social así como la importancia de la determinación judicial basada en la consideración individual de las personas acusadas».
«Las formas y estrategias penitenciarias de redención de la pena basadas en el trabajo o en el estudio como medidas de rehabilitación, y reinserción social de las personas privadas de libertad, deben ser tomadas en consideración, sin discriminación alguna ni basada en el delito por el cual se dictó la sentencia, así como tampoco en la opinión política o creencias de otra índole», se lee en la declaración pública.
Amnistía citó los casos de Marco Hurtado y Arube Pérez, quienes deben recibir una reducción de sus penas como reconocimiento por su comportamiento durante el presidio que han soportado desde 2002, «a partir un proceso plagado de irregularidades».
El ente internacional explica que «el tiempo restante de sus penas debe ser reducido por el Tribunal de Ejecución que, conforme a la legislación venezolana, corresponde a toda persona privada de libertad».
La declaración de Amnistía Internacional aparece en días de Navidad, cuando es costumbre que los Gobierno concedan incluso libertad plena a privados de libertad, como una medida humanitaria. Durante el proceso de diálogo que fracasó en Venezuela, se estuvo negociando la libertad de todos los presos de conciencia en el país.
AI recalca que «el sistema penitenciario de Venezuela presenta severas fallas y la situación de garantía de derechos humanos y dignidad de las personas privadas de libertad no está siendo garantizada, conforme lo establecen los compromisos internacionales suscritos por Venezuela, y como ha sido declarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que las autoridades venezolanas deberían cumplir con las medidas de redención de la pena y garantizar que sea otorgada la libertad a quienes ya no deberían estar presos».
