El Parlamento de Chile aprobó este miércoles extender durante 15 días más la militarización de una zona del sur del país en la que existe desde hace décadas un conflicto territorial entre el Estado y comunidades mapuche, que se ha agravado en los últimos meses con una escalada de violencia.
En vigor desde el pasado 12 de octubre, esta medida permite a las Fuerzas Armadas apoyar operaciones policiales con personal y equipos logísticos en el territorio, cuestión fuertemente criticada por la oposición y movimientos indígenas que sostienen que solo pone más tensión sobre el conflicto.
Con 14 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones, el Senado dio luz verde por octava vez consecutiva al oficio enviado por el presidente Sebastián Piñera, que solicitó renovar de nuevo el Estado de Excepción en cuatro provincias del sur chileno: Biobío y Arauco, en la región del Bíobio; y Cautín y Malleco, en la región de La Araucanía.
Esta zona sufre recurrentemente episodios de violencia rural, que en el último año han tomado forma de disturbios, ataques a maquinaria agrícola y predios, incendios y tiroteos con víctimas mortales.
Chile extiende nuevamente la militarización
Algunos de estos hechos se enmarcan en el llamado «conflicto mapuche», que enfrenta al Estado y al principal grupo indígena del país que reclama las tierras que habitaron durante siglos y que ahora pertenecen, en su mayoría, a grandes empresas agrícolas y forestales en manos de poderosos grupos económicos.
La medida estará vigente hasta el próximo 10 de marzo, un día antes de que asuma el presidente electo, el progresista Gabriel Boric, que ha manifestado abiertamente su posición contraria a la militarización.
Sobre este punto versó el debate tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, donde los ministros de Defensa e Interior, acompañados por el subsecretario de esta última cartera, defendieron su propuesta asegurando que los hechos de violencia han disminuido, mientras que parlamentarios oficialistas emplazaron a la coalición entrante a renovar el estado de emergencia.
Sin embargo, la actual oposición mantuvo su negativa y refutó los datos entregados por el Gobierno.
Destrabar el conflicto en la zona sur se perfila como uno de los nudos más complejos para la administración entrante, que ha adelantando tener una disposición al diálogo con todos los actores involucrados y ha condenado en reiteradas ocasiones el uso de la violencia como herramienta de reivindicación.
