Francesca Díaz/Correo del Caroní
Educadores y profesores universitarios desarrollaron una asamblea de emergencia el 14 de marzo en la Casa del Educador, ubicada en El Roble por fuera, San Félix; para acordar líneas de acción en el marco de sus reclamos salariales, y rechazar las represalias que están tomando las directivas de los centros educativos avaladas por las autoridades regionales.
Desde el pasado 9 de enero profesores y maestros han protestado en todos los estados del país para exigir un salario indexado al dólar, el pago de beneficios y la discusión de una nueva contratación colectiva.
Para lograr hacer eco del reclamo algunos grupos han decidido dar clases interdiarias, mientras que otros reciben a los alumnos media mañana. El pasado 28 de febrero, los docentes de Caroní se unieron al paro de 48 horas en reclamo de los derechos del gremio.
Este martes denunciaron que la directiva de los colegios donde trabajan están levantando actas por inasistencia, asimismo aseguraron que les han amenazado con suspenderles el salario por abandono de cargo. Los profesores rechazan estas formas de reprimir la manifestación, y enfatizaron en que la huelga es un derecho constitucional.
Durante la semana pasada, el Sindicato del Colegio de Profesores de Caroní y otros grupos laborales entregaron un pliego de reclamos en la Inspectoría de Trabajo, para denunciar estas acciones y exigir que se respete la autonomía sindical y el derecho a la protesta.
La presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmelis Urbaneja, declaró que la asamblea busca dar respuesta al acoso al que están siendo sometidos los docentes que deciden protestar por sus derechos.
“Los directivos y supervisores han llegado a las instituciones amedrentando a los docentes. Están levantando actas por abandono de cargo y les dicen que están incitando al odio. Ninguno de nosotros incita al odio. Salimos a protestar martes y jueves para exigir una indexación salarial. Lunes, miércoles y viernes están asistiendo a sus actividades. Desde el día lunes salió un comunicado enviado por la directora de Educación, Brizeida Quiñones, donde dice que los docentes que salieron a protestar se les suspenderá el salario. Yo me pregunto por qué ese acoso hacia los docentes de Caroní. Hay cuatro estados que están parados”, enfatizó Urbaneja.
Durante la convocatoria, los voceros y presidentes de sindicatos educativos impartieron algunas bases legales para que los maestros puedan defenderse ante el hostigamiento. En palabras de los expositores “debemos apoderarnos de la base legal”.
La dinámica de clases interdiarias y recortar las jornadas fue una decisión tomada en conjunto por los protestantes para hacer presión y obtener respuesta de los entes gubernamentales.
Buscarán respaldo de padres y representantes
La secretaria general del Colegio de Profesores de Caroní, Aída González, explicó que el sindicato va a trabajar para defender a los docentes. Asimismo destacó que esperan tener respaldo de los representantes ya que la problemática afecta a los niños de todas las escuelas.
“Nuestras acciones serán en conjunto con los representantes. Mañana estamos invitando a que los representantes asistan a las asambleas. No estamos de acuerdo con lo que dijo la ministra de que los maestros debemos buscar un segundo trabajo o hacer comercio. Es más, con qué dinero haremos comercio. No nos alcanza para comprar una harina pan para hacer empanadas y venderlas. Es una sinvergüenzura”, enfatizó.
González reiteró que todas las protestas se han apegado a la Constitución y el contrato colectivo.
“En el pliego que introducimos estamos planteando que se empiecen a pagar las deudas pendientes, que se discuta la contratación colectiva y que el salario sea anclado, inclusive, al petro. De no tomar en cuenta este pliego conflictivo que ya introducimos, las acciones serán contundentes. Ahorita estamos tomando algunos días de clases, después vendrá que no asistiremos a las escuelas. Estas acciones vendrán conjuntamente con los representantes. Mucho hacemos con enviar tareas y revisarlas. Esa no es la educación que queremos, pero exigimos que la ministra se pronuncie”, alegó González.
La falta de educadores es una realidad que azota a todo el país. La oenegé Fundaredes denunció a finales de 2022 que, al menos, el 50% de los docentes han abandonado las aulas debido a los bajos salarios.
Universitarios respaldan la manifestación
En la asamblea se hicieron presentes profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana y de la Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, con el fin de brindar su apoyo a la manifestación y destacar que “serán uno” en sus reclamos.
“El futuro que se tiene previsto para el sector de educación básica es el mismo que tendrán para las universidades. Es una política de Estado para acabar con la educación. En el año 1999 un profesor universitario ganaba 2 mil dólares al cambio, hoy ganamos 16 dólares. Cada vez que abrimos la nevera no sabemos qué comprar, qué hacer. Estudiamos para darle lo mejor a nuestros hijos y entregamos nuestros conocimientos para formar un mejor país. Pero en este país no se respeta la meritocracia, colocan en los puestos al que más aplaude. Este gobierno no cree en la educación. Hay una política que busca acabar con la educación”, expuso Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana.
Docentes presentes declararon para Correo del Caroní que se sienten atropellados por los directivos, quienes no apoyan su lucha y, por el contrario, buscan disuadirlos de reclamar sus derechos.
La profesora Yudith de Zerpa consideró la propuesta de la ministra de Educación, Yelitze Santaella, de recortar las jornadas educativas para que los profesores puedan tener segundos empleos, como una “falta de respeto”. Durante su gestión, la ministra de Educación ha invitado en diversas ocasiones a los educadores a vender helados, buscar segundos trabajos y “rebuscarse”.
“Eso es atrevido. Vulgar. Falta de respeto. Dos días de trabajo y tres días para que se rebusquen. Nosotras no somos prostitutas ni delincuentes”, expresó la educadora en su derecho de palabra, quien calificó como ilegales todas las amenazas que recaen sobre los docentes.
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