La corrupción en Venezuela se considera alta para los estándares mundiales y es prevalente en todos los niveles de la escala social venezolana, y particularmente en el poder judicial, donde incluso la corrupción se ha dolarizado. Wikipedia

Transparencia Internacional ha publicado su Índice de Percepción de la Corrupción 2021, que mide los niveles de percepción de la corrupción en el sector público en 180 países y territorios de todo el mundo. En este índice, que los califica en una escala de 0 (corrupción elevada) a 100 (corrupción inexistente), dos tercios de los países han obtenido una puntuación inferior a 50, con una media mundial de 43, que se mantiene sin cambios por décimo año consecutivo. La investigación concluye que, a pesar de los múltiples compromisos asumidos, 131 países no han hecho algún progreso significativo contra la corrupción en la última década.

En 2021, los países que mostraron un menor nivel de corrupción en el sector público fueron Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, con una puntuación de 88, seguidos de Noruega, Singapur, Suecia, Suiza, Holanda, Luxemburgo y Alemania, que alcanzan los diez primeros puestos. En el extremo opuesto del índice se sitúan Sudán del Sur, Siria y Somalia, con una puntuación de sólo 11 el primero y 13 los dos últimos. Venezuela (14), Yemen (16), Corea del Norte (16) y Afganistán (16), también se encuentran entre los países con menor puntuación. Según la fuente, son los países que sufren conflictos armados o autoritarismo los que suelen obtener las puntuaciones más bajas. Se encontraban los latinoamericanos Uruguay (en el puesto 18 con 73 puntos) y Chile (en la posición 27 con 67 puntos), como los mejores ubicados en el ranking.

La lucha contra la corrupción en Latinoamérica presentó un panorama mixto el último año. Algunos países mostraron resiliencia, mientras que otros (los dos más grandes de la región, México y Brasil) vieron retrocesos. Para muchos ciudadanos, ésta ha pasado a un segundo plano frente a problemas como la inflación y la lucha contra el COVID-19.

Algunos gobiernos están reduciendo su compromiso con los esfuerzos anticorrupción, mientras que otros siguen adelante con esfuerzos para fortalecer instituciones independientes. El escenario general este 2022 es de relativa estabilidad frente los retrocesos de años previos.

En este contexto, el Consejo de las Américas (AS/COA) y Control Risks presentan la cuarta edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (ÍCCC). Ésta es una herramienta de analítica (lanzada en el 2019) que evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para prevenir, detectar y castigar la corrupción.

En lugar de medir la percepción de corrupción, el índice evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la que pueden combatir la corrupción. Se considera que los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades de castigar a los involucrados en actos ilícitos.

De acuerdo con el índice, el ranking es el siguiente:
1.- Uruguay (7,42 sobre 10); 2.- Costa Rica (7.11); 3.- Chile (6,88); 4.- Perú (5,66); 5.- República Dominicana (5.19); 6.- Argentina (5.04); 7.- Panamá (4.96); 8.- Colombia (4,87); 9.- Ecuador (4.82); 10.- Brasil (4,76); 11.- Paraguay (4,45); 12.- México (4.05); 13.- Guatemala (3.38); 14.- Bolivia (2,57) y 15.- Venezuela (1,63).

El ÍCCC analiza 14 variables clave, incluida la independencia de las instituciones judiciales, la solidez del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco. Estas variables se dividen en tres categorías: capacidad jurídica, democracia e instituciones políticas, y sociedad civil y medios de comunicación. Los puntajes generales de los países son un agregado ponderado de estas tres categorías. Asimismo, se basa en datos extensos y una encuesta patentada realizada entre expertos en anticorrupción de Control Risks, la academia, la sociedad civil, medios de comunicación y el sector privado.

Venezuela obtuvo, por cuarta vez consecutiva, la peor puntuación de América Latina en el ÍCCC correspondiente al año 2022. El informe indica que la independencia judicial recibió un golpe con el nombramiento de nuevos jueces del Tribunal Supremo de Justicia, en abril de 2022. 1,63 puntos sobre 10 obtuvo Venezuela en la cuarta edición del ÍCCC.

El índice clasificó a 15 países de América Latina, según sus niveles percibidos de corrupción del sector público. Venezuela se ubicó en el último puesto con 1,63 puntos, mientras que en el primer lugar se encuentra Uruguay con 7,42 puntos.

Aunque el puntaje global de Venezuela aumentó moderadamente en comparación con el año 2021, el país continúa en el último lugar de la clasificación. En el informe se destaca que el ÍCCC evalúa la gestión del régimen de Nicolás Maduro y no al gobierno interino de Juan Guaidó.

Un aumento del 37 % en la variable que evalúa las comunicaciones digitales y redes sociales contribuyó a esta modesta mejora general, lo cual refleja la creciente diversidad y sofisticación de los medios de comunicación digitales que siguen denunciando la corrupción del Estado, indica el estudio.

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