Una investigación periodística realizada a principios de 2021 da cuenta de la realidad en la pequeña y empobrecida Haití, una nación sometida a la guerra de las pandillas apoyadas por el gobierno. Una historia que vale la pena conocer para entender hechos de actualidad.
Este trabajo de Jameson Francisque para AyiboPost en alianza con la red de periodismo latinoamericano CONNECTAS arroja luces en torno al fenómeno de las pandillas y la complicidad policial y gubernamental, que dejó en la indefensión a miles de pobres haitianos, obligados a recaudar un dinero que no poseen para rescatar a sus seres queridos de las manos de los secuestradores.
Cualquier persona es una víctima potencial de secuestro en Haití. Los pandilleros escogen sus víctimas al azar, sin ningún patrón específico. Esa es la percepción que se ha ido consolidando entre los haitianos, y especialmente entre los habitantes de Puerto Príncipe, desde que este delito comenzó a aumentar en febrero del año pasado. Médicos, estudiantes, comerciantes y hasta policías han sido víctimas.
La magnitud real de este flagelo es difícil de calcular en números en un país donde el acceso a la información es casi nulo y las organizaciones no gubernamentales –que pululan en Haití– manejan diferentes cifras. Además, son muchas las familias que prefieren negociar directamente con los bandidos; confían más en las redes sociales que en la policía, para encontrar a sus seres queridos o recaudar el dinero del rescate.
No obstante, los reportes presentados por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) ante el Consejo de Seguridad durante el año pasado sí muestran un marcado aumento del secuestro. Según el informe de septiembre, los casos se incrementaron un 200 por ciento entre enero y mayo con respecto al periodo anterior. En total, 92 casos fueron reportados a la Policía en ese periodo, 50 de ellos en febrero.
Por su parte, la organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus afirma que se registraron más de 1.000 secuestros en todo el 2020; una cifra desproporcionada para un país del tamaño de Haití, comparable con estimados de secuestros en México (1.387 según la ONG Alto al Secuestro) en el mismo periodo, a pesar de tener solo una décima parte de su población.
La BINUH, que reemplazó desde octubre de 2019 a la Misión de Apoyo a la Justicia de las Naciones Unidas en Haití (MINUJUSTH), se basa en casos reportados ante la Policía Nacional de Haití (PNH). A lo largo de esta investigación periodística se hicieron varios intentos de obtener información directa de la PNH, pero no se obtuvo respuesta.
Uno de los primeros casos de secuestro ocurrido en el 2020 cobró seis víctimas: cinco secuestrados y un fallecido. El 8 de febrero cinco jóvenes miembros de una iglesia que regresaban de una misión pastoral fueron secuestrados en Martissant, en el sur de la capital. Los secuestradores exigieron un rescate. Tres días después fueron liberados, previo pago del dinero. Pero Jean Rubens Eugene, otro miembro de la iglesia, fue ejecutado por los secuestradores cuando fue a llevarles el dinero del rescate.
Los casos se acumularon rápidamente. Un niño pequeño, secuestrado a tiro de piedra de una comisaría el 11 de febrero. O una niña de 11 años, raptada frente a la casa de sus padres mientras jugaba con su madre, el 21 del mismo mes. En pleno día.
Junto con los secuestros, la capital experimentó una ola de desapariciones inexplicables. Decenas de personas se reportaron desaparecidas hasta noviembre. Las redes sociales estaban plagadas de avisos de búsqueda. Un niño salió de su casa y los padres no tuvieron noticias durante tres días. Un adulto salió y nunca regresó. Se han encontrado algunos, sanos y salvos en su mayoría. Para explicar su desaparición, cada uno tiene su propia historia y ningún hilo común parece unirlos. Pero otros simplemente fueron encontrados muertos, como Chimene Hyppolite, cuyo cuerpo se encontró calcinado tras varios días de desaparición.
El aumento del secuestro evidencia el deterioro general de la seguridad en el país, que va de la mano de la creciente crisis de gobernabilidad de Jovenel Moïse. Entre septiembre y noviembre de 2019 los haitianos vivieron un bloqueo general en casi todo el país, conocido como Pays Lock. Una nueva forma de presión de la oposición contra el gobierno surgida en el 2018, que busca paralizar la circulación de la gente, los negocios, los colegios.
El de finales del 2019 no fue el primer Pays Lock, pero sí el más prolongado y violento. Al menos 55 personas murieron en las 1.341 manifestaciones que se registraron durante esos meses. Las protestas son, en muchas ocasiones, escenario del choque de pandillas por control territorial.
Sin importar si apoyan a la oposición o están a favor del gobierno de Moïse, son los ciudadanos hatianos los más afectados por los bloqueos prolongados, la inseguridad y la impunidad de la que gozan los violentos.
En el otro extremo, las pandillas, que han ampliado su alcance –y sus ingresos– aparecen como las grandes beneficiadas de la debilidad del gobierno y el miedo de la población.
Aunque varias organizaciones de derechos humanos habían denunciado años atrás la relación del gobierno de Moïse con las pandillas, fue en el 2020 cuando las señales fueron más evidentes.
El 27 de marzo, Jerry Bitar, médico del hospital Bernard Mevs, en Puerto Príncipe, fue secuestrado. Varios hospitales del país entraron en paro laboral y en las redes sociales se gestó una movilización.
Viendo que crecía el caso, el primer ministro, Joseph Jouthe, dijo que su gobierno estaba trabajando para asegurar la liberación del médico, a quien soltaron horas después. En un tuit que luego borró, el primer ministro agradeció al presidente, quien habría estado involucrado personalmente en la liberación del médico.
Un mes después, en medio de una rueda de prensa sobre la COVID-19, el mismo Jouthe aseguró que estaba en constante comunicación con los pandilleros, que conocían su número de teléfono, al que lo habían llamado al menos una vez. Izo, un líder de una pandilla, se había quejado ante el ministro por los controles de carretera colocados por la policía fuera del barrio controlado por su banda. En vivo, el jefe de gobierno le prometió al bandido que lo llamaría durante la noche.
Sobre este hecho, el ministro Jouthe le dijo a AyiboPost que le había contestado a los pandilleros como lo habría hecho con cualquier otro ciudadano: “Las pandillas se ven a sí mismas como agentes de desarrollo porque son la ley en estos barrios. Me llamaron para pedir ayuda y aproveché para invitarlos a deponer las armas y retomar la vida normal. Lamentablemente, no aceptaron y ahora la PNH está pasando directamente al desmantelamiento. Me llamaron y respondo como a todos. No veo por qué se enfadan por esto, soy el primer ministro de todos”.
Según la Fundación Je Klere, la G9 se creó para asegurar la victoria del partido del Presidente de la República, el PHTK, en las próximas elecciones. Lo mismo asegura la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDHR), una de las ONGs más conocidas del país. Los territorios controlados por esta alianza son importantes en términos de electorado. Cientos de colegios electorales se encuentran allí durante las elecciones, según el informe del grupo de derechos humanos.
Según esta misma organización, Cherizier participa de otras actividades comunales como si fuera una autoridad más. De acuerdo con un reporte de junio, el 1 de abril el Fondo de Asistencia Económica y Social (FAES) envió a Delmas 6 kits de alimentos para su distribución. El reparto se realizó bajo la dirección del inspector principal Romane Picard, adscrito a la comisaría de Delmas 33. “Jimmy Cherizier alias Barbecue participó activamente en dicha distribución”, señala la RNDDH.
A pesar de que Jimmy Cherizier ha negado varias veces –en declaraciones conocidas a través de redes sociales– su connivencia con el gobierno, la mayoría de las acciones del expolicía han beneficiado indirectamente a la administración de Moïse.
A pesar de que La Saline se encuentra a menos de un kilómetro de dos estaciones de policía y otras unidades especiales, las autoridades no acudieron a la zona durante las 14 horas que duró el ataque.
Cherizier negó su participación, pero fue expulsado de la Policía un mes después. En febrero del 2019 se emitió una orden de arresto en su contra que nunca se ejecutó. El pasado 10 de diciembre, Cherizier, Duplan y Monchery fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su participación en la masacre.