La constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece (en el Título I, Principios Fundamentales, Artículo 5) que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.
El texto constitucional agrega: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas” (Capítulo IV, De los Derechos Políticos y del Referendo Popular, Sección Primera: De los Derechos Políticos, Artículo 62) y “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas” (Artículo 63 del mismo Capítulo citado precedentemente).
De esto se entiende que de los instrumentos democráticos el más significativo es el ejercicio del voto (el sufragio) en los procesos electorales.
Lo anterior pone de manifiesto la enorme importancia que tiene para la ciudadanía que los procesos electorales sean organizados de tal manera que sus resultados sean la fiel expresión de la voluntad soberana del pueblo. Esto implica que el país cuente con el Poder Popular Electoral constituido por la Ley Electoral y un Consejo Nacional Electoral (“CNE”) integrado por personas que deben ser honestas e independientes, que garanticen la correcta organización de los procesos electorales, de tal manera que sus resultados se correspondan realmente con la voluntad ciudadana expresada a través de los votos depositados en las urnas.
La pureza de los procesos electorales es un factor clave para que en un país exista gobernabilidad democrática. De ahí que los fraudes electorales sean no sólo el más grave atropello a la soberanía popular, sino también la más rotunda violación a los derechos políticos y civiles de los ciudadanos y 0ciudadanas, semilla de justificado descontento, un atentado a la gobernabilidad democrática y a la estabilidad de una nación.
Eso explica que partidos políticos, movimientos sociales y organismos de la sociedad civil estén empeñados en que se logren, para todo proceso electoral, condiciones óptimas que garanticen la transparencia del proceso. En este propósito, el primer reto es lograr la sustitución de todos los actuales magistrados del CNE, responsable de los escandalosos fraudes en casi todas las elecciones celebradas anteriormente (la declaración de Smartmatic en Londres, luego de emitirse los resultados de la votación para la escogencia de los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, lo evidencia así). Pero eso no basta: se requiere una reorganización total del poder electoral para despartidarizarlo y transformarlo en un organismo creíble, responsable e independiente.
La falta de claridad jurídica y política es un factor negativo que acentúa la desconfianza en el proceso electoral de hoy, y en la estabilidad y seguridad jurídica en el país.
Todo esto resalta aún más la importancia que tienen las elecciones, pues ellas son la expresión esencial de la democracia representativa, cuya importancia trasciende lo estrictamente electoral, ya que, en general, constituyen en todo país un factor de estabilidad y equilibrio, o un elemento de inestabilidad, inseguridad y confrontación.
A partir de la consideración anterior, conviene señalar que, aún siendo fundamentales para la estabilidad y el ejercicio democrático, no son todo para la democracia, pues ésta es, además, un sistema institucional y principalmente un sistema de valores, como la denomina el filósofo español José Luís Aranguren.
Si bien es necesario considerar la importancia del proceso electoral, en función de la realización de la democracia, es fundamental reafirmar la naturaleza plena que ésta tiene, no sólo para conferir su sentido e importancia a las elecciones, sino para precisar el profundo significado que la democracia tiene en la organización de la vida social, el desarrollo de la ciudadanía, y la reafirmación de aquellos valores y principios considerados esenciales para la vida social y el fortalecimiento de la estabilidad nacional.
Es por ello que resulta imprescindible, en general, y en la realidad política actual, en particular, fortalecer la convicción acerca de la importancia de un proceso electoral honesto y transparente, indisolublemente ligado a la existencia de la democracia, el “estado de derecho” y la institucionalidad. La lucha por la probidad electoral conlleva -necesariamente- la lucha por la democracia y sus valores, pues las elecciones adquieren su sentido pleno cuando se dirigen al establecimiento y fortalecimiento de la democracia, la que tiene su origen y su base en el respeto a la voluntad de la ciudadanía, expresada en el voto, que es condición esencial de legitimidad y legalidad de todo proceso electoral.
Para que pueda darse la democracia como sistema de valores y de prácticas y como una cultura, y no solamente como un ejercicio que se realiza periódicamente, es necesaria, además, la existencia de factores económicos, sociales e institucionales que hagan posible la gobernabilidad.
En el aspecto económico, se requiere la reactivación del aparato productivo, pues el país no puede vivir y sobrevivir únicamente a partir de la cooperación internacional, la que si bien es necesaria, no es suficiente para garantizar por sí sola la estabilidad y el desarrollo nacional.
En el aspecto social, desde el plano de la ética y la justicia, debe procurarse la eliminación o -al menos- la reducción significativa de las desigualdades, mediante la aplicación de políticas públicas y sociales construidas por el Estado y la ciudadanía y respaldadas por la solidaridad de toda la sociedad.
Por su parte, en un sistema democrático, el Estado debe apoyar el proceso de identificación de la población en un conjunto de valores comunes a la sociedad, producidos por ésta a lo largo de su historia. La sociedad crea los valores, el Estado debe contribuir a identificarlos y a propiciar las condiciones indispensables para que ese patrimonio común, que es la cultura producida por un pueblo -a través de su historia-, se constituya en un punto de referencia en el cual representantes y representados puedan identificarse.
La democracia exige reconstruir el tejido social y crear los mecanismos de su consolidación y reproducción. La legitimidad de la democracia no depende únicamente de un acto específico, aunque éste sea imprescindible, sino de determinadas condiciones históricas que hacen posible la equidad, la eficacia de la ley y la identidad de un sistema de valores y de una cultura en la que todos podamos reconocernos.
Estos puntos son fundamentales para pensar estratégicamente la democracia en el tiempo y lugar actual. Todo ello, junto a la necesidad de revitalizar y replantear el papel de los partidos políticos, exige reafirmar la importancia esencial de la ciudadanía, en la que se encuentra la clave para la solución de los problemas principales de la sociedad y para la reafirmación de valores de justicia y libertad, esenciales en la confirmación y desarrollo de toda comunidad humana.
La grave crisis institucional que se está viviendo, que ha conducido al funcionamiento ilegal y de facto de los Poderes del Estado, tiene como causa principal la pretensión reeleccionista del Presidente.
