Una tendencia típica de las dictaduras es la de ir ocupando todos los espacios de la vida pública. La fuerte motivación de poder que impulsa a los que quieren gobernar a su antojo y discreción, sin contrapesos ni límites ni fecha de vencimiento, es insaciable. Cada día se les ocurre una nueva extensión de su telaraña, una nueva invasión al territorio de los demás, una nueva arbitrariedad que le quite atribuciones a la gente y se las transfiera a ellos, los que mandan. Como adictos, necesitan dosis crecientes de dominio y control sobre la gente que tiene la poca fortuna de vivir bajo su señorío, y están dispuestos a cualquier cosa para mantenerse en la silla desde donde salen las órdenes.

Todo lo que huela a sociedad civil, a ciudadanos organizados, a gente tomando decisiones colectivas por su cuenta o a reclamos callejerosrepresenta, por principio, una llamada de alarma para la sargentada. Todavía recuerdo a uno de los mentores de Hugo Chávez, allá por el año 2000, preguntándole a los periodistas con qué se comía eso de sociedad civil. Y aunque el protagonista de la anécdota, ya fallecido, se apartó del chavismo poco tiempo después, el desprecio por la gente común que iba implícito en la pregunta quedó como marca de fábrica del período rojo que recién comenzaba.

En Venezuela, es bien sabido que las leyes son irrespetadas a cada momento por las autoridades. Las libertades fundamentales se violan cada vez que le hace falta al gobierno y no existen cifras que puedan ilustrar lo que pasa en el país ni medios de comunicación que tengan permiso de investigar las verdades. Ante ese panorama, la sociedad –en realidad, unos pocos ciudadanos- se ha dado a la tarea de rebuscarse la verdad por su cuenta. Hay gente que se ocupa de llevar la cuenta de los presos políticos, de su estado de salud, de dónde se encuentran y de su situación procesal. Y hay otros que se encargan de conseguir y distribuir ayuda humanitaria para las comunidades en crisis, y otros de buscarle las cuatro patas a los números que salen de las elecciones que organiza el CNE.

La respuesta del régimen a las pretensiones de unos civiles realengos que andan por cuenta propia buscando información y poniéndola a la vista del público no se iba a hacer esperar por mucho más tiempo. Hace unos días, la Asamblea Nacional en funciones, la ilegítima que llaman, aprobó por mayoría calificada el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, con el fin de“supervisar el funcionamiento de este tipo de instituciones que hacen vida en el país”. Dicho en otras palabras, con el fin de que el gobierno fiscalice, intervenga, disuelva y tenga potestad sobre lo que pretende hacer la sociedad civil por cuenta propia. Con esta ley se dará el contrasentido de que las ONG pasarán a ser no gubernamentales si acaso en el nombre, porque de hecho dependerán del régimen para su funcionamiento y objetivos y para mantener su gestión dentro del estrecho margen que les permitirá la política oficial.

Las primeras víctimas de la nueva legislación serán “en una primera vuelta 62 ONG que operan con fines absolutamente políticos y reciben financiamiento de organismos de otras naciones, de gobiernos distintos al de Venezuela” según Diosdado Cabello, principal promotor de la ley. En otro aparte, se señaló que “las organizaciones no gubernamentales que operan en Venezuela dependen de EEUU. Son apéndices de organismos que operan en el mundo para garantizar al imperialismo su operación”. Nada de extrañar que entre las 62 supervisadas estén Provea, defensora de los derechos humanos, y Súmate, observadora de procesos electorales. Al final, es la deriva inevitable de las dictaduras: absorber a la sociedad, quitarle la iniciativa, esconder la verdad y sentarse a mandar sobre un pueblo desinformado, pobre y sin herramientas que lo saquen del hoyo.

En estos días anda por Venezuela el nuevo Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, el señor Volker Türk, sucesor de Michelle Bachelet, en una semana en la que, además de la ley anti ONG, ha ocurrido una seguidilla de detenciones arbitrarias, allanamientos y ataques a los medios. Queda pendiente confirmar si el señor Türk tomó debida nota.




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