Un tweet del Foro Penal informa que desde el año 2014 a la fecha han muerto en Venezuela 10 presos políticos mientras estaban bajo custodia del Estado. El Foro publica las fotos, nombres y apellidos de los fallecidos, a la vez que dice que 50 prisioneros del régimen requieren atención médica urgente. Recordamos los casos más emblemáticos, por su difusión en medios y redes y por lo evidente del montaje oficial para explicar el deceso de los detenidos, como fueron los del concejal Fernando Albán –“suicidado” por esbirros que lo lanzaron por una ventana de un décimo piso- y el del capitán Rafael Acosta Arévalo, secuestrado y torturado antes de ser llevado agonizante a presentarse en una corte, en tan grave estado de salud que falleció al poco tiempo.
Ahora la ruleta perversa le acaba de tocar al General retirado Raúl Baduel, antiguo aliado del régimen y “preso de Chávez”, como él mismo se calificaba. El parte oficial se publicó en Twitter, achacándole el deceso al Covid19 y haciendo la salvedad de que el prisionero estaba bajo atención médica y había sido vacunado con la primera dosis antiviral. El cuento de turno. Como en el falso suicidio de Albán y la muerte accidental que se inventaron cuando Acosta Arévalo, muy pronto la historia oficial comienza a hacer agua, pues ya hay declaraciones de familiares cercanos que niegan que Baduel estuviese enfermo de Covid19, y mucho menos que contase con atención médica. De nuevo, las evidencias que se van acumulando y llevan a la conclusión de que el chavismo siempre miente. Miente 24 x 7, todos los días del año. Sea con relación a la muerte de un prisionero o a la causa de un apagón, la mentira –planificada o por default- es uno de los soportes de la dictadura.
Independientemente de que Baduel haya sido responsable del avance de la revolución bolivariana durante los primeros 10 años de chavismo, se trata de la muerte de un prisionero político, ni más ni menos y así de simple. Sin entrar en complicaciones ideológicas, es otra violación a los derechos humanos en la que incurre el régimen. Otra muestra del terror oficial hacia los disidentes, a la vez que una advertencia implícita: en Venezuela la libertad y la vida de la gente son commodities que le pertenecen a los que mandan. Abundan los presos políticos y los perseguidos que tienen dueño. Y por supuesto, mientras más alto es el cargo del dueño más difícil será la existencia para el afectado y sus familiares.
La muerte de Baduel representa un siniestro recordatorio de que Venezuela no es un país donde las leyes más o menos se cumplen y donde hay un gobierno capaz de honrar compromisos y de ceder parte de su poder. Con las evidencias que demuestran la ausencia de estado de derecho (la ausencia de Estado quizás sea una mejor definición) es obligado preguntarse si tiene sentido negociar y asistir a elecciones sin antes exigir que el régimen cumpla unas condiciones mínimas como la liberación de todos los presos políticos y el respeto a las libertades de afiliación y expresión. Si el argumento es que no hay forma de presionar para imponer condiciones, por la misma razón tampoco habrá peso para llegar a acuerdos que tengan alguna relevancia.
