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A 29 asciende el número de reos fallecidos este viernes en un motín carcelario en el estado Portuguesa, en el que resultaron 19 oficiales heridos, según una fuente del Ministerio Público (Fiscalía).

Humberto Prado Sifontes, abogado y director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), responsabilizó al Estado por la masacre en el Centro de Coordinación Policial José Antonio Páez en Acarigua, estado Portuguesa.

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“El llamado es para las personas responsables en esta materia, quienes convierten en calabozos policiales en retenes ¿Hasta cuándo van a seguir muriendo los presos en Venezuela quienes están bajo la responsabilidad del Estado”, dijo a través de las redes sociales.

LOS HECHOS

Según algunos de los portales locales el conflicto entre reos y funcionarios de la comisaría que hoy alcanzó su punto máximo, se inició hace diez días, por supuestas exigencias de traslados por parte de los detenidos y en rechazo a la represión que se vive dentro del centro de detención preventiva, la arreció la madrugada de este viernes, debido a la muerte de uno de los reclusos este jueves 23 de mayo.

Fuentes policiales informaron que uno de los detenidos y el “pran” de los referidos calabozos policiales, identificado como Wilfredo Ramos, se negó al diálogo y a la mesa de trabajo hasta que no se hicieran presentes la fiscal superior del Ministerio Público, Amarilis Pérez y la Defensora del Pueblo, Raquel Viera, para que escucharan sus peticiones.

Entre las exigencias de los reos estaban: el cambio del director del Centro de Coordinación Comisionado (CPEP) Guillermo López, el restablecimiento del pase de comida y de la visita, el pase de visita con pernocta cada 15 días, además de la exigencia de chimó, cigarrillos y bebidas alcohólicas entre otros. Así como permitir la entrada a los grupos evangélicos y grupos deportivos; eliminar el servicio de garita; así como materiales para construir una piscina, también formaba parte de sus demandas.

Los familiares, que se mantiene a una cuadra del recinto policial desde que se inició el conflicto, se trasladaron hasta la sede del Ministerio Público de la localidad, pero no fueron atendidos. ellos responsabilizan a las autoridades de esta nueva masacre.

La policía por su parte, sostiene que los violentos han sido los reos, que han tomado estas acciones para exigir privilegios no contemplados en las leyes venezolanas.

 

Defensores de los derechos humanos responsabilizan al Gobierno y, directamente, a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, por esta nueva matanza en una comisaría por permitir que retenes judiciales sean convertidos en cárceles permanentes, reseña Tal Cual.

133 MUERTOS EN MOTINES EN CÁRCELES VENEZOLANAS

Con esta nueva masacre en calabozo policiales, llegan a tres, una por año en el país. La primera fue en agosto de 2017, en el Centro de Detención Judicial de Amazonas (Cedja) en Puerto Ayacucho, del estado Amazonas, donde murieron 35 reos, según denunció el gobernador de la entidad para ese entonces, Liborio Guarulla.

Después en la Comandancia General dela Policía del estado Carabobo, el 28 de marzo de 2018, donde fallecieron 69 personas, entre ellas dos mujeres que se encontraban pernotando; y este viernes 24 de mayo, en el estado Portuguesa, donde se contabilizan 29 detenidos muertos, en el Centro de Coordinación Policial de Acarigua.

El director del Observatorio Venezolano de Prisiones hace un llamado a las personas responsables en esta materia, de convertir los calabozos policiales en retenes.

“Hasta cuándo van a seguir muriendo los presos en Venezuela que están bajo la responsabilidad del Estado”, reclamó el abogado Humberto Prado Sifontes.




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