Venezuela se prepara para unas nuevas elecciones correspondientes al periodo 2021-2026 de la Asamblea Nacional (AN). Este primero de julio se anunció que los comicios se celebrarán el 6 de diciembre de 2020.
Antes de la pandemia, la Asamblea Nacional de Venezuela, había establecido un Comité de Postulaciones para dichas elecciones. Instancia a la que le correspondía el nombramiento de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral.
Sin embargo, el oficialismo desestimó las vías correspondientes para este fin, y ha acudido al Tribunal Supremo de Justicia adepto al chavismo, que mediante el argumento de “omisión legislativa” nombró un nuevo directorio del ente electoral.
También se han intervenido judicialmente a los partidos políticos Acción Democrática y Primero Justicia, nombrando en sus directivas a personas leales a la estrategia del gobierno de Maduro.
Según el Informe de la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad (2012), para que una elección sea considerada democrática, es necesario:
- Construir un Estado de derecho que afiance los derechos humanos y la justicia electoral.
- Crear organismos electorales (OE) profesionales y competentes, que puedan actuar con total independencia en la gestión de procesos electorales transparentes y se ganen la confianza de la población
- Crear instituciones y normas para la competencia multipartidaria, así como un sistema de división del poder que fortalezca la democracia y ofrezca seguridad recíproca a los contrincantes políticos
- Eliminar las barreras jurídicas, administrativas, políticas, económicas y sociales que dificultan la participación política universal e igualitaria
- Regular el financiamiento político incontrolado, oculto e indebido.
En las condiciones actuales, Venezuela está muy lejos de esto. Ya no hablamos de falta de profesionalidad e imparcialidad de las autoridades electorales, sino que las mismas han sido nombradas por procedimientos que desconocen a la Asamblea Nacional, órgano encargado de tal labor.
Es por ello que Transparencia Electoral propuso 10 condiciones que son necesarias, pero no suficientes según detallaron:
- Elegir nuevas autoridades electorales acorde con lo dispuesto en la Constitución y Leyes Electorales
- Facilitar la inscripción y actualización en el Registro Electoral dentro y fuera de Venezuela
- Garantizar y facilitar el ejercicio del voto a los venezolanos en el exterior
- Habilitar a los partidos políticos que fueron ilegalizados por el CNE y el TSJ y garantizar su participación en igualdad de condiciones
- Restablecer los derechos políticos a todos los ciudadanos ilegalmente inhabilitados
- Garantizar que el voto sea ejercido libremente, sin coacción e intimidación
- Restablecer el número de centros y mesas electorales que se habilitaron para la Elección de la Asamblea Nacional de 2015
- Seleccionar oportunamente a los Miembros de Mesas y Juntas Electorales, asegurando que sean independientes, acorde con lo previsto en las leyes electorales
- Asegurar la realización de todas las auditorías al sistema de votación automatizado aplicadas en la elección de la Asamblea Nacional de 2015, con el fin de garantizar la correcta contabilización y el secreto del voto
- Garantizar las condiciones para la Observación Electoral nacional e internacional calificada en todas las fases del ciclo electoral
- Estas medidas, como aseguramos más arriba, no son suficiente, pero sí son imprescindibles para poder avanzar hacia un proceso electoral con garantías.
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