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Las afueras del palacio de justicia de Valencia no son un lugar alegre. Allí lo que generalmente se ve son personas molestas, agobiadas y expectantes: siempre serias. Pero este jueves había aplausos. Eran los afectados de una estafa inmobiliaria que, luego de 10 años esperando, recibieron respuesta. Ramón Camacho, presidente de la Asociación Civil de Víctimas de Tecno-House Construcciones, dijo que al fin obtendrán los terrenos. “Ya la jueza nos dio la respuesta” decía mientras sus compañeros aplaudían.

Depositaron todo su dinero, confianza y esperanza en la constructora. Pero la obra nunca se terminó en el urbanismo Perla Country, en San Diego. El complejo habitacional de 135 viviendas debió estar listo en 2009. Pero solo edificaron —a medias— 30. “Las casas que se hicieron no tienen puertas, techos, baños, servicios y ventanas. Están prácticamente en obra gris”. Aún así los ahora vecinos decidieron aceptar los terrenos.

El jueves se conoció de un acuerdo reparatorio al que llegó el tribunal que lleva el caso. Significa que los vecinos obtendrán propiedad de las tierras para luego, con sus propios recursos, terminar las viviendas. Las pocas que ya fueron construidas serán terminadas, y la gran mayoría se comenzará desde cero, contó el vocero.

Camacho dijo que recibieron justicia. Contamos con la ayuda de gente importante, como la jueza Eneida Alves. Y los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que evitó que hace 10 días nos invadieran los terrenos y procedieron con el desalojo.

Ahora espera homologar ciertos acuerdos y terminar con documentos técnicos para que se legalice la tenencia de los terrenos a los afectados. “Ahora viene la parte más difícil, que es construir, pero estamos dispuestos a hacerlo. Esperamos apoyo del Gobierno para terminar las obras”.

 




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