A través de un comunicado el Comité de los DDHH para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, rechazó que el gobierno no haya aumentado el salario mínimo el pasado 1 de mayo.
El comité cuestiona lo que denomina la continuada política de trasgresión de los derechos de los trabajadores activos, pensionados y jubilados, al mantener estancado el salario mínimo por más de 2 años consecutivos, en 3.5 dólares al mes.
Indica que esto acarrea para el trabajador venezolano, activo, pensionado o jubilado, que está despojado de un ingreso suficiente que le permita cubrir sus necesidades básicas de vivienda, pago de servicios, alimentos, medicinas, recreación y pago de servicios básicos para el hogar.
Los pensionados y jubilados rechazan que se endurezca la “política de exterminio” en contra de la población adulta mayor de Venezuela, al no anunciarse ningún ajuste a los pensionados del IVSS, remitiéndolos a la aprobación de una ley, a fin de pechar a los empleadores y crear un fondo para el pago de las pensiones.
Aseguran que los pensionados del IVSS son quienes han llevado la peor parte de los anuncios del presidente Maduro.
Consideran que ha sido un ataque sistemático e intencional en contra de esta población desde el 2013, al mantenerse una gigantesca brecha entre el monto de las pensiones y el costo de la canasta básica, violando desde ese año, lo establecido en el artículo 91 de la Carta Magna.
“Rechazamos que se remita a una supuesta ley, los ajustes de las pensiones de más de 5 millones de pensionados que viven en Venezuela y más de 30 mil que viven en el exterior, quienes llevan 8 años y 4 meses sin cobrar su pensión por decisión arbitraria de Maduro”.
Citan que es obligación del Estado venezolano, la creación de un sistema de seguridad social universal, integral y de financiamiento solidario para todos los venezolanos, de acuerdo al artículo 86 de la Constitución.
“Maduro pretende sacudirse esta alta responsabilidad, endosándole al sector privado el pago de las pensiones, mediante una ley que les obligará a pagar un impuesto de hasta 15 % de la nómina de trabajadores para la capitalización de dicho fondo”.
Los jubilados y pensionados se preguntan, ¿por qué en 24 años. el gobierno no tomó las previsiones necesarias para evitar esta calamidad que mantiene en pobreza extrema a más de 5 millones de seres humanos vulnerables, en Venezuela y en el exterior, cuando ya estaba advertidos de que esto iba a pasar?.
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