El Poder Judicial venezolano dictó este lunes una amplia medida contra la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de contundente mayoría opositora, con la que persigue anular cualquier poder de acción de los diputados en contra del jefe del Estado, Nicolás Maduro, al que no reconocen como legítimo.
La decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «ratifica la inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo nacional» y advierte de acciones penales, civiles y administrativas contra su directiva, a la que acusan de «ejercicio írrito del poder público».
Los magistrados aseguran que asumieron esta postura para proteger la Constitución y en vista de la «omisión constitucional reiterada» en que ha incurrido el Legislativo, un órgano que fue declarado en «desacato» por el Supremo, pocas semanas después de que el oficialismo perdiera la mayoría de los escaños.
El Poder Judicial no reconoce como legítima la presidencia del opositor Juan Guaidó en el Parlamento y adelantó que ejercer esta posición «acarrea responsabilidad individual» para el diputado «con motivo de la violación del texto constitucional».
Para el TSJ, es «inadmisible» e «inaudita» la actuación del Legislativo, especialmente en cuatro resoluciones aprobadas este mes en las que declaran usurpador de la presidencia de la República a Nicolás Maduro y prometen amnistiar a todos los funcionarios, civiles y militares, que desobedezcan al jefe del Estado.
Con estas acciones, siempre según el Supremo, los diputados están violando la Constitución y desconociendo a los poderes Judicial, Electoral, Ejecutivo y a los ciudadanos que votaron por Maduro en los comicios de mayo, señalados de fraudulentos y no reconocidos por numerosos Gobiernos.
Los magistrados también rechazaron por «inconstitucionales» los acuerdos legislativos que buscan el ingreso de ayuda humanitaria al país y la intención del Parlamento de recuperar del extranjero activos ligados a la corrupción en empresas públicas venezolanas.
Además, el TSJ declaró que en «ningún caso y bajo ningún concepto puede asumir un Parlamento la acción de Gobierno y la administración de la Hacienda pública», en alusión a los dirigentes locales y Gobiernos extranjeros que reconocen a la AN como único poder legítimo en Venezuela y la emplazan a tomar decisiones ejecutivas.
Minutos después de conocerse estas sentencias, Guaidó dijo que el Legislativo se mantendrá «muy firme en sus decisiones», que implican no reconocer a Maduro, en tanto que calificó las medidas del Supremo como una «aberración» jurídica y política.
«No hay nada que decirle a esos magistrados», dijo el legislador a periodistas a las puertas de la sede del Parlamento tras reiterar la convocatoria a una protesta nacional que se llevará a cabo este miércoles para denunciar por «ilegítimo» a Maduro.
Uno de los puntos de partida de la marcha está en la barriada caraqueña de Cotiza, donde este lunes se sublevaron militares contra el Gobierno de Maduro.
La semana pasada, Guaidó había advertido el movimiento del Supremo, al que la oposición señala de tener corte oficialista, y había dicho que el TSJ no tiene «mandato» para anular las decisiones del Parlamento.
El Parlamento declaró el día 14 que Maduro, en el poder desde 2013, «usurpa» la Presidencia desde hace casi dos semanas, cuando juró ante el Supremo un nuevo mandato que le mantendrá en el poder, al menos, hasta 2025.
Los poderes Legislativo y Judicial han estado enfrentados desde 2016, cuando la oposición tomó el control de la AN, y especialmente después de que los diputados denunciaran a 33 magistrados que fueron designados de forma «irregular» en sus cargos por el oficialismo en sus últimos días con mayoría parlamentaria.
Un día después de que Maduro juró su segundo mandato, Guaidó pidió apoyo civil, militar y extranjero para asumir el Gobierno en Venezuela y planteó una ruta que requiere manifestaciones callejeras para lograr «cese de la usurpación» en la Presidencia, un «Gobierno de transición» y «elecciones libres».
