La diputada fue acusada por «incitación pública al racismo y discriminación». (Foto EFE)
EFE
La Fiscalía boliviana admitió una denuncia del Gobierno por supuesto racismo y discriminación contra la diputada opositora Norma Piérola, que se negó a saludar al presidente Evo Morales durante un acto oficial, según confirmó este jueves la parlamentaria.
La demanda fue presentada el miércoles por el Viceministerio de Descolonización ante la Fiscalía de Distrito de La Paz, que acusa a la diputada por los supuestos delitos de «incitación pública al racismo, discriminación y actos irreverentes contra un primer mandatario», explicó Piérola a Efe.
«Lo que me preocupa es la celeridad encomiable con la que se actúa cuando se trata de persecución política», sostuvo la parlamentaria, en alusión a que la demanda fue admitida y aceptada en la fiscalía una hora después de haber sido formulada.
Piérola ejerció como diputada en la actual gestión parlamentaria por la fuerza opositora Convergencia Nacional y fue reelegida en los comicios generales celebrados en octubre pasado en representación del también opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC).
La parlamentaria rehusó el lunes estrechar la mano a Evo Morales durante el acto en el que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó las credenciales a las autoridades electas en octubre.
El presidente Morales aseguró este martes que respeta la actitud de Piérola porque «es su carácter», si bien consideró que el incidente no hubiera sido protagonizado por una diputada o senadora de su propio partido, de las que afirmó que «son educadas».
El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, justificó el proceso en contra de la diputada debido a que «es una autoridad y todo lo que haga es visto por la ciudadanía».
Piérola dijo hoy a Efe que «no existe ningún tipo penal» en su conducta, por lo que consideró que es una «aberración jurídica tratar de forzar un hecho delictivo en la simple mala educación, si se quiere ver así, de no dar la mano a una persona».
«El acto de dar la mano a una persona es un símbolo de amistad, simpatía y afecto, y son cosas que no puedo sentir hacia una persona que está destruyendo la incipiente democracia del país, que hace persecución política para garantizar su propia estabilidad política y que ha cooptado todos los órganos del Estado», señaló la diputada.
Insistió en que su decisión de no estrechar la mano a Morales fue un acto de «rebeldía y protesta», pero «de ninguna manera un hecho delictivo», ni racista o de discriminación.
Consideró que con la denuncia en su contra, los funcionarios del Gobierno realizan una «persecución política para amedrentar», no obstante, aseguró que sí comparecerá ante el fiscal a cargo del caso.
