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Heraldo Muñoz, ministro de Relaciones Exteriores. (Foto Archivo)

EFE

Chile cumplirá el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en su contra por aplicar la ley antiterrorista a siete indígenas mapuches y una activista, dijo este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.

“Acabamos de recibir esta notificación y lo que corresponde ahora es analizar el fallo de manera detenida y por supuesto cumplirlo”, indicó el canciller en declaraciones a Radio Cooperativa.

Muñoz subrayó que Chile reconoce la jurisprudencia de la CorteIDH, que es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), y que “siempre ha cumplido con los fallos internacionales”, por lo que en esta ocasión hará lo mismo.

La corte ordenó el martes a Chile dejar sin efecto las condenas por terrorismo contra siete mapuches y una activista por unos hechos ocurridos en los años 2001 y 2002 en las regiones de Biobío y la Araucanía, en el sur del país.

Las condenas contra los indígenas fueron por delitos como “amenaza de incendio terrorista”, “incendio terrorista” y “conducta terrorista” y los castigos dictados oscilaron entre los 5 y los 10 años de prisión, por lo que algunos de ellos ya las han cumplido y se encuentran en libertad.

Los comuneros fueron procesados bajo la ley antiterrorista, una polémica legislación que endurece las penas y que los gobiernos chilenos han invocado en varias ocasiones en el marco del llamado conflicto mapuche, pese a las recomendaciones de organismos internacionales de no hacerlo.

El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, dijo que Chile “tiene que respetar y cumplir” el fallo y que su cartera revisará junto con la Cancillería las fórmulas para hacerlo.

Además, consideró que la ley antiterrorista “ha sido totalmente inútil desde el punto de vista de lo que se perseguía con ella”, motivo por el cual el ministerio reformará esa legislación.

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, señaló, en tanto, que la condena al Estado chileno implica “la necesidad de adecuar la legislación antiterrorista” y recordó que Chile está “absolutamente obligado” a acatar el fallo.

La CorteIDH ordenó anular las sentencias y dejar sin efecto las penas privativas de libertad y penas accesorias y liberar a las víctimas que aún se encuentren sujetas a libertad condicional.

Asimismo, el Estado deberá suprimir los antecedentes judiciales, administrativos, penales o policiales que existan en contra de las ocho víctimas del caso, así como la anulación de su inscripción en cualquier tipo de registro nacional e internacional que los vincule con actos de carácter terrorista, indica el fallo.

Chile deberá brindar de forma gratuita el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas de este caso, otorgar becas de estudio a sus hijos y pagar indemnizaciones económicas de 50.000 dólares a cada uno por daños materiales e inmateriales, además de cerca de 100.000 dólares por costos y gastos del proceso.




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