Son dos millones 600 mil empleados públicos en todo el país. (Foto Archivo)
La inflación y la devaluación son parte de la fórmula de la crisis económica que padecen los venezolanos. Pero hay un elemento que se suma como agregado corrosivo en los bolsillos de los trabajadores de la administración pública. En diciembre, su contrato colectivo apagará la vela número 10. Desde 2004 no se discute y sus salarios se han mantenido solapados.
Son dos millones 600 mil afectados en todo el país. Sus sueldos están equiparados o, por un mínimo margen, por encima del salario básico. Esta cifra incluye a empleados de ministerios, institutos autónomos y empresas del Estado. Antes de la llegada al poder del presidente Hugo Chávez en 1999, se contabilizaban 800 mil personas que formaban parte de esta nómina gubernamental. Esto indica, según Orlando Chirinos, coordinador nacional de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura), que la burocracia se ha incrementado, y que hay quienes cobran solo por hacer proselitismo político.
En el marco de la celebración del Día del Trabajador, el 1º de mayo de este año, el presidente Nicolás Maduro anunció que se pondría en marcha la tan postergada discusión del contrato marco. La clase trabajadora representada por sus sindicatos preparó el proyecto y lo entregó en Miraflores el 24 de junio. El mandatario prometió que en un lapso de 60 días sería firmado tras la discusión hecha previa convocatoria del Ministerio de de Planificación y Finanzas y el gabinete del Trabajo. El domingo se venció el plazo, y aún no han sido llamados.
Exigencia de beneficios
Entre las principales peticiones del sector está un aumento generalizado para los empleados públicos de 40% y un ajuste en los tabuladores, porque cada vez que se implementa un incremento de salario mínimo no se modifican las tablas elaboradas según el nivel de profesión.
La discusión inmediata del pliego contractual vencido debe tener entre sus páginas la aprobación de 20 cláusulas, en las que deberá incluirse por igual a los trabajadores de las gobernaciones y de las alcaldías, que han sido excluidos de este beneficio. También se plantea la necesidad de elevar el poder adquisitivo, la jubilación de los trabajadores y la adaptación con respecto a la Ley Orgánica del Trabajo en cuanto a las vacaciones y jornadas laborales.
Chirinos aseguró que la responsabilidad del retraso es en gran medida de Fentrasep y Fedeunep, principales federaciones que agrupan a los empleados del sector público, que tienen muchos años sin someterse a elecciones de sus juntas directivas, y que fue solicitada por el Ejecutivo como un requisito para la discusión del contrato. “Se trata de una maniobra elaborada en conjunto por el Gobierno y esos sindicalistas para no hacer la discusión”.
El vocero hizo un llamado a quienes definió como los verdaderos representantes sindicales a movilizar a los trabajadores para que exijan la discusión de su contrato. Resaltó que debe existir unidad de todos los afectados sin importar su tendencia política, porque las medidas económicas que tomará el Gobierno, que incluyen la unificación cambiara, terminarán de devaluar el salario de estos trabajadores. (DB)
