(AFP)

Un juez argentino procesó hoy a 22 personas que fueron detenidas tras una masiva marcha en Buenos Aires en la que se reclamó el pasado 1° de septiembre la aparición con vida del joven Santiago Maldonado, que dejó importantes daños materiales y varios heridos, informaron fuentes oficiales.

Según la Policía, y con base a análisis de distintas filmaciones, 22 manifestantes actuaron con los rostros tapados y con palos en las manos y derribaron un vallado cercano a la Casa Rosada, sede del Gobierno en la capital.

Además, quemaron contenedores, pintaron grafitis, lanzaron piedras e hicieron destrozos en edificio.

En total, los incidentes dejaron 14 efectivos policiales con heridas y un perjuicio patrimonial valorado en cinco millones de pesos (283.206 dólares), informó la Policía de Buenos Aires en una nota de prensa.

El día de los hechos se cumplía un mes de la desaparición de Maldonado, de 28 años, visto por última vez el 1 de agosto cuando participaba en una protesta de indígenas mapuches en la localidad sureña de Esquel, en la provincia de Chubut, que fue desalojada y reprimida por la Gendarmería.

Finalmente, la pasada semana y durante uno de los rastreos ordenados por la Justicia, se halló, flotando en un río cercano a donde se produjo la protesta, un cadáver que finalmente fue reconocido como el de Maldonado.

Tras la marcha del 1° de septiembre, se produjeron detenciones puntuales a los presuntos agresores, aunque la mayoría fueron quedando en la libertad con el paso de las horas.

Uno de los detenidos contaba con propaganda anarquista en contra del Estado y en una de las hojas había un dibujo similar al vallado de la policía y la planificación para derribarlo.

El magistrado que investiga los hechos, Marcelo Martínez de Giorgi, concluyó que los desmanes provocados en la manifestación “no fueron espontáneos”, sino previamente organizados, y tenían como fin “provocar disturbios, infundir temor público, generar desórdenes y en ese marco de situación resultaron lesionados policías y se provocó daño en edificios públicos y privados”.

El procesamiento de las 22 personas fue sin prisión preventiva, y se les acusa de los delitos de intimidación pública en concurso real con resistencia a la autoridad.

También se fijaron embargos preventivos que van de uno a cinco millones de pesos (de 56.641 a 283.206 dólares).

En todo este tiempo, la familia de Maldonado y diversos organismos de derechos humanos han apoyado la hipótesis de que la responsabilidad de la muerte es del cuerpo policial -que depende del Gobierno-, aunque la autopsia al cuerpo arrojó que no tenía lesiones, por lo que cobra fuerza la hipótesis del ahogamiento. 




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