(Cortesía)

Desde que inició la crisis económica en el año 2016, trajo como consecuencia la intervención de El Arco Minero, al decretar su explotación.

Aurimare Rodríguez, coordinadora Internacional de Profesionales y Técnicos de Un Nuevo Tiempo, asegura “este es el mayor acto de ecocidio en la historia de nuestro país, violando los preceptos de nuestra constitución, los tratados internacionales establecidos y las leyes orgánicas que amparan todos los recursos de nuestro país”.

Rodríguez, puntualizó que el cauce del río Orinoco transita por el área afectada y es contaminado por el Mercurio y Cianuro de El Arco Minero lo cual resulta alterado desde el punto de vista ecológico por el extractivismo del oro, coltán, bauxita, diamante, hierro, cobre, entre otros minerales extraídos en seis zonas ABRAE.

Ubicado al norte del estado Bolívar, al noroeste de Amazonas y parte del estado Delta Amacuro representa el 12.2% de territorio Nacional con una extensión de 111.843,70, una extensión del tamaño de Suiza actualmente.

En tal sentido, la representante de la tolda azul, relata que en estas zonas habita el 4.69% de la población venezolana, lo representa 1.660.000 habitantes en 465 poblados; de los cuales 54.686 son comunidades indígenas, esto según el censo realizado en el año 2011.

“Las etnias indígenas y demás habitantes se han visto considerablemente afectados causando daños irreparables en la biodiversidad de las especies”.

En tal sentido, Patricia Salazar, secretaria Regional de Profesionales y Técnicos del estado Bolívar, refirió que “el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expone que los trabajadores de El Arco Minero están sometidos a graves abusos y violencia que han causado alrededor de 150 fallecidos desde el año 2016”.

Además, este conflicto atenta contra el derecho humano a un ambiente sano, lesiona los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo económico minero y agrícola desde la modernidad, ya que es un hecho global que todas estas prácticas pueden ser realizadas sin dañar en absoluto el ambiente en pro del mejor porvenir del país, sobre todo en un Estado minero, agrícola, pecuario y productor tan grande, extenso y preparado por generaciones.

Ambas expertas coinciden que la violencia generada en esta zona es innecesaria y resulta importante que nuestro país detenga los daños de hoy en día para fomentar la apertura de la Bolsa Nacional de Oro y Diamante, proyecto financiero y económico que traería orden y progreso, no solo al Estado Bolívar en lo social, cultural y económico sino estabilidad a todo nuestro majestuoso país.

Desarrollando en primera línea a los municipios Sifontes, Roscio, El Callao y La Gran Sabana y en pleno a todo el estado Bolívar. Dando un verdadero giro a las precarias condiciones de pobreza y salubridad en la entidad que hoy son parte de la cotidianidad del Estado Bolívar, aumentando la aparición de enfermedades como la Malaria y Paludismo aunado al Covid-19, aseguró Salazar, reseña el Centro de Comunicación Nacional.




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