/ Foto: Cortesía

Esperanza Piñero nunca imaginó que los pasos que escuchó en su casa fueran de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) llevándose a su hermano Nelson. Despertó a las 2:00 a.m. para ir al baño y por una nota de voz que le envió Nelson supo que lo habían detenido.

Enseguida subió al anexo donde vive Nelson con su hijo de 14 años y su papá. Le preguntó al hombre de 83 años ¿qué había pasado? y éste le respondió que delante de su sobrino se llevaron arbitrariamente a su hermano.

Los ruidos extraños que percibió Esperanza a las 11:00 p.m. el 21 de noviembre provenían de agentes del Sebin que llegaron en cinco camionetas. Los hombres encapuchados presuntamente treparon las rejas y subieron a la vivienda con armas cortas y largas.

Aunque al principio el hombre se negó a salir, avisó a familiares y compañeros del partido Encuentro Ciudadano lo que pasaba. Se entregó a los funcionarios, pero antes les pidió la orden de allanamiento o de aprehensión con la que no contaban.

No le dejaron que se llevara las medicinas que consume por su diabetes,  hipertensión y padecimientos de los riñones. “El nos manifestó que los funcionarios aprehensores no permitieron que sus familiares le dieran los medicamentos que requiere”, explicó José Javier Cambres, abogado litigante y miembro de la ONG Foro Penal.

A las 8:00 a.m. del 22 de noviembre Esperanza se trasladó a la sede del Sebin Naguanagua y averiguó que a su hermano lo tenían ahí: “Estaban renuentes a dejar pasar la ropa, comida, he vivido muchas cosas”. 

Esperanza Piñero. Foto: Patricia Ochoa

Audiencia de presentación

Este jueves 23 de noviembre se realizó la audiencia de presentación de Nelson en el Tribunal Primero de Control ubicado en el Palacio de Justicia del Estado Carabobo.

Jennie Gutierrez, abogada defensora y miembro de la ONG Foro Penal, dijo que lo imputan por el Artículo 20 de Incitación al Odio. Cuestionó que el 21 de noviembre a las 11:00 p.m. fue la aprehensión y el día 22 a las 10:30 a.m. es cuando el Ministerio Público interpuso el escrito solicitando una orden de aprehensión, que no vio ninguno de los abogados dentro de las actuaciones.

“Desvirtuamos los elementos concurrentes para que se decrete una medida privativa de libertad, cuál es la magnitud del daño causado, el peligro de fuga y la obstaculización de la búsqueda de la verdad”, comentó.

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La abogada aclaró que no existe peligro de fuga ya que Nelson tiene una residencia y que la investigación podría seguir en libertad. “Estamos en un país democrático donde cada quien puede emitir sus opiniones, si no fuese por las opiniones de la cantidad de usuarios el Estado venezolano no se enteraría de la situación de crisis de los hospitales, de la gasolina y servicios públicos».

José Javier Cambres también señaló que la defensa solicitó nulidad ya que la aprehensión se realizó el día 21, mientras que la solicitud y ratificación tienen fecha posterior. “Hecho que es suficiente causal para que se decrete la nulidad. El tribunal estimó que esa situación no se había dado y decidió que el proceso continuará, manteniendo la privativa de libertad de Nelson”.

Palacio de Justicia. Foto: Patricia Ochoa

Un caso político

La dirigente opositora Delsa Solórzano destacó que el caso del activista es absolutamente político. Precisó que durante la audiencia se alegó que Nelson escribió en redes sociales y que las únicas pruebas presentadas por el Tribunal son sus mensajes en la red social X (antes Twitter), donde presuntamente incita al odio.

Puntualizó que el delito del que se lo acusa proviene de una ley inconstitucional. “No se configuraron ninguno de los argumentos que establece esa supuesta ley para determinar que ese delito se haya dado”.

Recalcó que las irregularidades en el proceso han sido impresionantes, encabezadas por una violación al debido proceso con un allanamiento y detención sin orden judicial. Nelson pidió la orden de allanamiento y de detención a los funcionarios del Sebin y no la tenían, según Solórzano.

“Aquí se evidencia que hay prisión y persecución política, el responsable de que esto esté ocurriendo evidentemente no es solo la dictadura, es quien se molestó porque Nelson haya dicho alguna verdad en sus redes sociales”.

La fundadora de Encuentro Ciudadano insistió en que opinar y hacer tweets no es un delito. Aseguró que la acción es una violación clara y flagrante a los derechos humanos,  que ya denunció ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Delsa Solórzano. Foto: Patricia Ochoa

Advertencias

Los amigos de Nelson que esperaban fuera del palacio para conocer los resultados de la audiencia le advirtieron que no siguiera comentando en su cuenta de X con 83 mil seguidores.

El ingeniero en computación y padre de dos cuestionaba constantemente declaraciones o cifras que proporcionaban autoridades del gobierno: «Tengo una duda: ¿Maduro va a favor de la Vinotinto o él es hincha de la selección de Colombia?».

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