Nueve organizaciones de América Latina repudiaron este miércoles la decisión del Estado de Nicaragua de despojar de la personalidad jurídica a la Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni) y a otras 24 ONG.
Las organizaciones agrupadas en la Red Coaliciones del Sur firmaron su «repudio» a la decisión nicaragüense por considerar que «no tiene ninguna base legal para proceder», y porque «atenta contra los valores de la democracia participativa, las garantías de derechos humanos, y la propia existencia del espacio cívico para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense».
La mayoría sandinista de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, a petición del Ejecutivo, canceló hoy la personalidad jurídica a 25 ONG de diversos perfiles, incluyendo a Codeni, que abogaba por los menores, y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
«Estos cierres buscan fortalecer la represión, en este caso particular, en perjuicio de la sociedad civil, organizada, con el objetivo de silenciar a la sociedad, despojándola de sus derechos de asociación y participación en los asuntos públicos del país», indicó, por su lado, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Cientos de organizaciones ilegalizadas
Con la anulación de esas otras 25 ONG independientes, se elevó a 137 las entidades locales ilegalizadas desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, que dejaron 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que son calificadas como un intento de golpe de Estado por el presidente Daniel Ortega.
«Instamos a los países integrantes de Naciones Unidas, Unión Europea, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y a los organismos internacionales del sistema interamericano y universal de derechos humanos, a prestar atención y ayuda a las personas defensoras de derechos humanos que se encuentran en situación de indefensión en Nicaragua o que se ven forzadas a solicitar asilo político», destacó la Red de Coaliciones del Sur.
Esa red está integrada por organizaciones defensoras de la niñez y la adolescencia de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión. EFE
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