La Fiscalía pidió para Giorgio Martelli, 800 días de pena remitida y el pago de un multa de 4.200 dólares. (AFP)
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Uno de los principales recaudadores de la campaña electoral de la presidenta Michelle Bachelet fue condenado este viernes por delitos tributarios en una extendida investigación por el financiamiento ilegal de la política chilena.

Giorgio Martelli, geógrafo de profesión, jugó un rol clave en la pasada campaña electoral que significó la reelección de la socialista Michelle Bachelet, en diciembre de 2013.

Junto a otros “operadores políticos” -como él mismo se definió públicamente-, ayudó a recolectar fondos para financiar la campaña electoral de Bachelet a través del aporte de empresas, justificándolos por medio de boletas por servicios no prestados antes del período legal (de la campaña), en que la ley permite el aporte reservado y anónimo de las empresas.

Después de dos años de investigación, este viernes el juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Aravena, condenó a Martelli como autor de delitos tributarios, al final de un juicio abreviado tras un acuerdo entre las partes.

La Fiscalía pidió para Martelli, 800 días de pena remitida y el pago de un multa de 4.200 dólares. La sentencia se dará a conocer este 28 de junio.

La investigación cuantificó en 245 millones de pesos (unos 355.000 dólares) el monto recibido por Martelli a través de “contratos simulados” entre 2012 y 2013 con la minera Soquimich (SQM), controlada hasta hace poco por el exyerno del exdictador Augusto Pinochet (1973-1990).

Martelli recibió estos recursos a través de la empresa fantasma -Asesorías y Negocios-, que entregó boletas por servicios no prestados a SQM, la que introdujo esos pagos en su contabilidad, rebajando impuestos.

Los pagos de SQM se habrían realizado antes de que Bachelet oficializara su intención de competir nuevamente por la Presidencia de Chile, en marzo de 2013, sin su conocimiento.

“Yo no sabía que los fondos venían de Martelli. Sería muy doloroso si se comprueba el aporte de SQM”, declaró la mandataria en una entrevista en junio de 2015.

El caso forma parte de un extendido mecanismo de recaudación de fondos de partidos y líderes políticos que se destapó en los últimos años en Chile, a través de empresas que hacían aportes y recibían boletas de honorarios por servicios no prestados.

El grupo Penta, uno de los más grandes de Chile, usó por años también este mecanismo para financiar al ultraconservador partido Unión Demócrata Independiente, el mayor de la oposición.




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