Guillermo Rodríguez y Vicente Brito (centro), acompañados de Iván González y Ely Dávila, directivos del Movimiento Federal. (Foto Clemente Espinoza) |
Valencia, enero 5 (REDACTA).- Para el economista Guillermo Rodríguez, miembro de la dirección nacional del Movimiento Liberal Resistencia Civil, con los decretos de intervención de tierras emitidos por los gobernadores de Yaracuy, Monagas y Cojedes, el Gobierno Nacional está “reeditando” los males de la “fracasada” ley de Reforma Agraria de 1960, durante la llamada Cuarta República, porque no es la función del Estado ser dueño y productor, sino garantizar los derechos inalienables de la propiedad privada.
“La propiedad privada es un principio indiscutible, un derecho individual anterior y superior a la existencia misma del Estado. Ningún gobierno puede tomarse la prerrogativa de utilizar el poder público para afectar los derechos individuales”, expresó Rodríguez.
El economista, quien acompañó al ex presidente de Fedecámaras y actual coordinador del Movimiento Federal, Vicente Brito, en una rueda de prensa realizada en la Cámara de Comercio de Valencia, manifestó que desde hace más de 30 años “en Venezuela hemos tenido concesiones de tierras para la producción en condiciones jurídicas dudosas”, y por eso “cualquier banquero que haya concedido créditos agrícolas puede decir que otorgar créditos sobre tierras concedidas por la Reforma Agraria o afectadas por los gobiernos es peligroso”.
Aseveró que el Estado venezolano sólo existe “exclusivamente” para garantizar los derechos individuales, y no para ser propietario de tierras productivas.
“Cualquier intención de este tipo es avanzar hacia la destrucción de la producción agrícola”.
Rodríguez agregó que es inconcebible que ahora se pretenda desarrollar el campo cuando la actual administración ha descuidado las zonas rurales, sin que existan buenas carreteras o eficientes servicios públicos.
Por otra parte, criticó la utilización del término “latifundio” para las tierras afectadas por los decretos zamoranos, pues “el problema no es el tamaño de la unidad de producción, ni a qué se destina. El punto es si es o no productiva, y eso solamente lo saben sus propietarios”.
BRITO: PROFUNDIZARAN LA CRISIS SOCIAL
Vicente Brito dijo que “lo más grave es que no se quiere reconocer la propiedad privada ni cancelarle a los productores el justo valor de sus propiedades. Esto tendrá un efecto muy grave en el país, porque profundizará la crisis social de la cual el Gobierno es responsable”.
Advirtió también sobre el anuncio de algunos voceros oficiales de utilizar a los reservistas de la Fuerza Armada Nacional para la ocupación de las fincas intervenidas.
“Lo que quiere el Gobierno es llevar adelante una invasión sustentada. Por eso se buscó la estrategia de obligar a los gobernadores a implementar estas leyes de intervención, para que así no sea acusado de desconocer la Constitución Nacional”.
Asimismo señaló que el único recurso que le queda a los venezolanos son las instituciones, pero al ser inquirido sobre si es posible confiar en ellas cuando se ha cuestionado su independencia, respondió que “hay que tener confianza”; en algún momento “habrá un juez que hará valer las leyes de la República y estamos convencidos de ello”.
Tanto Vicente Brito como Guillermo Rodríguez vinieron a Valencia como voceros de las asociaciones civiles que representan, en el marco de una gira que realizan por todo el país para fijar posición sobre los decretos zamoranos y sus alcances.
Acosta Carles tendrá que respetar la Constitución
El diputado Eduardo Pino, de Proyecto Venezuela, considera que al gobernador Luis Felipe Acosta Carles no le quedará otra opción que respetar la propiedad privada, pues en el estado es difícil aplicar los decretos zamoranos.
Señala que en Carabobo se ha gobernado durante los últimos años con criterio de excelencia y para toda la población en general, es decir, no para sectores.
“De allí que todo lo atinente a lo que significa tierra y propiedad privada ha sido manejado con verdadera legislación y tendencia jurídica realista. De manera que el gobernador no tendrá ningún inconveniente, porque sencillamente las tierras en Carabobo tienen un sentido de propiedad bien resguardado”.
“En el estado no hay otra cosa que respetar la propiedad privada, respetar lo que con muchísimo trabajo la gente ha logrado obtener, a través de años y de muchas generaciones. El gobernador tendrá que respetar la Constitución bolivariana, porque en el estado las cosas están bien hechas”. (BR)
Registro de fincas ociosas en Aragua
El gobernador del estado Aragua Didalco Bolívar Graterol decretó crear la Comisión Especial Agraria, que tendrá el objetivo de recabar información para elaborar un registro de tierras ociosas de fincas mejorables y de fincas productivas.
La información fue suministrada por Freddy Medrano, secretario de gobierno y presidente de la comisión, quien resaltó que el texto incluye un censo de tierras ocupadas ilegalmente, a fin de rescatarlas e identificar las áreas sujetas a expropiación.
Este trabajo minucioso deberá cumplirse en un lapso de tres meses, según Medrano. Los otros miembros que conforman la comisión son Diógenes Hermoso, secretario de estado para Asuntos Ecológicos y de Ordenamiento Territorial; Franklin Chacín Lugo, decano de la Facultad de Agronomía de la UCV; Rafael Infante decano de la Facultad de Veterinaria de la UCV; un representante del Consejo Legislativo Regional, el delegado regional del Ministerio de Alimentación y un representante de cada una de las alcaldías de los municipios rurales que aún no han sido designados.
La Comisión Especial Agraria del estado Aragua nombrará una comisión técnica de asesoramiento para cumplir los objetivos previstos. En un mapa se evaluarán las tierras ociosas en capacidad de producir, “no tiene sentido expropiar tierras donde no se puede cultivar”, aseguró el secretario de gobierno.
Las oficinas subalternas de Registro Inmobiliario prestarán colaboración en torno a la titularidad de las tierras, “la ejecución de este decreto garantiza la protección de todas las fincas productivas de conformidad con la Ley”, agregó Medrano.
Más adelante señaló que el estado Aragua tiene tierras ociosas e improductivas, aunque aclaró que el sentido del decreto no es expropiar las baldías por sus características geográficas, “el eje entre San Sebastián de los Reyes y Camatagua presenta una topografía de cerros, sin vialidad ni agua, por lo cual carece de sentido expropiarlas”.
El próximo lunes se realizará la primera reunión con los alcaldes de los municipios rurales, ubicados en el sur de Aragua. Otra está programada para el martes con la totalidad de los miembros que integran la comisión.
La Ley de Tierras no menciona la palabra “confiscar” en su texto, sino de expropiar para utilidad pública, cuyo costo debe ser indemnizado a sus propietarios. (APR)
HISTORIA DE VIEJA DATA
Las últimas constituciones venezolanas valorizan la tenencia de la tierra. La del 20 de julio de 1936 establecía en el artículo 32 que “la Nación favorecerá la conservación y difusión de la mediana y pequeña propiedad rural y podrá, mediante los trámites legales y previa indemnización, expropiar tierras no explotadas de dominio privado para dividirlas o enajenarlas en las condiciones que fije la ley”. Por su parte, el texto constitucional de 1947 en su artículo 69 plantea que “el Estado realizará una acción planificada y sistemática, orientada a transformar la estructura agraria nacional, a racionalizar la explotación agropecuaria, a organizar y distribuir el crédito, a mejorar las condiciones de vida del medio rural y progresiva emancipación económica y social de la población campesina”.
La Constitución de 1961 establecía en el artículo 105 que “el régimen latifundista es contrario al interés social”. |
