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Esa cifra de muertos superaba ampliamente los 13 reportados. (Foto Archivo)

AP

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó el jueves la muerte de más de cuatro decenas de presos por intoxicación después de tomar por asalto la enfermería de una prisión y exhortó al gobierno venezolano a tomar medidas para evitar que se repitan hechos similares.

Recordó en un comunicado que desde 2007 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales, que reiteró en el 2013, con respecto la penitenciaría David Viloria en la ciudad occidental de Barquisimeto, conocida como la cárcel de Uribana, en las que requirió “al Estado venezolano a adoptar, de forma inmediata y definitiva, las medidas… que sean necesarias y efectivas para evitar la pérdida de vidas” en esa cárcel.

El comunicado fue difundido horas después que la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, tras casi dos semanas de silencio, confirmó que a 48 asciende la cifra de muertos por ingesta de fármacos durante el motín en Uribana.

“A mí no me gusta hablar de esa cifra, yo prefiero decir que más de 100 personas que ingirieron eso se salvaron y hay unos que están luchando por sobrevivir”, dijo Varela durante una entrevista difundida por la televisora de noticias Globovisión tarde en la noche del miércoles.

Esa cifra de muertos superaba ampliamente los 13 reportados inicialmente reportados por el ministerio de Servicios Penitenciarios.

Los disturbios comenzaron el 24 de noviembre, cuando un grupo de internos se declaró en huelga de hambre para exigir mejores condiciones de vida y la salida del nuevo director de la cárcel, de acuerdo con el Ministerio de Servicio Penitenciario.

Por este caso, la Fiscalía General anunció la presentación ante un tribunal del director de la prisión, Julio César Pérez, “por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos en ese recinto”, sin dar otros detalles.

Varela comentó que el día del motín “hubo problemas” con funcionarios penitenciarios” y se “está investigando “la participación de funcionarios militares”, que fueron llamados para restaurar el orden.

El exceso de población penal ha generado graves problemas de hacinamiento y violencia en las prisiones venezolanas donde operan bandas que luchan por el control de los pabellones o el comercio de armas y drogas que guardias corruptos venden a los reclusos. El número de reclusos se ha duplicado en los 32 centros correccionales del país desde el año 2008 como resultado de la creciente delincuencia.

La prisión David Viloria recibió ese nombre de un guardia que fue uno de los 58 muertos en la instalación en 2013, durante el segundo más mortífero motín carcelario en la historia de Venezuela.




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