Sara Pacheco
La Semana Santa comenzó negra para Rolando Quintero y su familia. Desde hace cinco años habitaban en una vivienda de bloques en la vía que lleva hacía El Hipódromo, en la entrada de Ciudad Plaza, parroquia Rafael Urdaneta. El pasado lunes 7 de marzo, personas con maquinaria pesada derrumbaron la pared posterior de su hogar. Las acciones forman parte del plan del gobierno regional por desalojar a todas las personas que vivían en la zona, para construir la segunda etapa del complejo urbanístico Hugo Chávez.
Rolando salió con su familia a comprar productos regulados. Cuando iba por la urbanización La Quizanda, una vecina lo llamó. “Me dieron la noticia. Ya no tenía casa”, comentó frente al amasijo de concreto que alguna vez sirvió de techo para su esposa y cuatro hijos. “Estaban esperando que me fuera para quitarme la casa”.
Una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana acompañó a los trabajadores que manejaban la retroexcavadora. “Hablé con el sargento Ortiz, encargado de la comisión, me dijo que fue una orden presidencial. Le había dado la orden el órgano superior de la vivienda y Ameliach”.
Los avisos se habían hecho con anterioridad. Necesitaban el terreno. Sin embargo la promesa fue que cuando tuvieron un sitio donde reubicarlos, se irían. Claramente no pasó. Pero la acción no es una sorpresa. Cientos de familias han sufrido lo mismo desde el año pasado. Algunas continúan en refugios improvisados.
Maritza Pérez, esposa de Rolando, explicó sentada sobre los bloques que quedaban, que les habían solicitado una casa por los niños. Rolando habló con un funcionario de la Gobernación de Carabobo de nombre Hermes Navarro, sin recibir respuestas concretas. “Hacen las cosas arbitrariamente. Ahora nos dicen que armemos un rancho afuera. Es que no tenemos para donde ir”, espetó Maritza. Sobre lo que pasó el lunes 7 de marzo, lo denunció a fiscalía. En el ente le dijeron que no se había cometido delito alguno.
El futuro para esta familia es incierto. Con esperanza se mantienen, expresaron ante un grupo de vecinos que acudió a brindar solidaridad. “Para nosotros los pobres no hay ley”, opinó un miembro del grupo quien no dio su nombre. “Cuando viene Maduro lo pasan por Santa Rosa pero aquí no llega”.
