Asamblea Nacional (Foto archivo)
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La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por la oposición, pidió hoy al Banco Central (BCV) y al Gobierno abandonar el sistema cambiario que rige en el país -que otorga el monopolio de las divisas al Estado desde el año 2003- y aumentar la producción petrolera.

Al final de un debate al que como de costumbre solo asistieron diputados opositores, se aprobó solicitar que se abandone el régimen cambiario para que se generen incentivos para la inversión petrolera y se detenga la escalada del dólar en el mercado negro, así como el financiamiento de la estatal petrolera PDVSA por parte del BCV.

Monedas como el dólar, cada vez más difíciles de conseguir en Venezuela, son reguladas por el Gobierno que ha establecido dos tipos de cambio: uno a 10 bolívares por dólar, exclusivamente para importación de alimentos y medicinas; y otro bajo un sistema de subastas que cesó hace varias semanas en 3 mil 345 bolívares por dólar.

Según el texto del acuerdo aprobado hoy, la Cámara solicitará al Ministerio de Petróleo que revise los excesivos controles que regulan la operación de las empresas petroleras y gasíferas que obstaculizan la producción y desincentivan la inversión.

Asimismo, el Legislativo pedirá a la cartera petrolera que presente ante este poder un plan para elevar la producción petrolera, de manera que la empresa pueda hacer frente a las cuantiosas deudas contraídas con socios y acreedores, con un listado de bloques petroleros y gasíferos a licitar y bajo qué condiciones serán ofertados.

El Parlamento afirma que PDVSA se encuentra en bancarrota, produce actualmente un millón 800 mil barriles diarios de crudo y utiliza el 90 % de sus ganancias para pagar las deudas contraídas que ascienden a 45 mil millones de dólares (28,941 mil millones de dólares en principal y 26,330 mil millones de dólares en intereses).

El jefe del Estado, Nicolás Maduro, ordenó este mes refinanciar y reestructurar todos los pagos externos del país, algo que, según la Constitución, debe ser presentado y aprobado en el Parlamento, actualmente de mayoría opositora e ignorado por el Gobierno que le considera en desacato.

Por otra parte, algunas entidades financieras internacionales han declarado en suspensión de pagos a la llamada revolución bolivariana.




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