Nicolás Maduro Moros ocupa ilícitamente la presidencia habilitado por una sentencia de sala constitucional que fraudulentamente lo declaró como ciudadano venezolano sin serlo, y para mantenerse en esa usurpación ahora inhabilita a quien las grandes mayorías la tienen en sus preferencias para desalojarlo del cargo, y lo hace con flagrante violación al texto constitucional que consagra el derecho a participar electoralmente por lo que su restricción solo podría ser posible mediante una sentencia firme producto de un debido proceso judicial.
Es tiempo para recordar que Nicolás Maduro ocupa el cargo de presidente a pesar de que sobre él sí que pesa una inhabilitación rotunda, una inhabilitación constitucional para ello como es el de tener la nacionalidad de otro país, y el la tiene, es ciudadano colombiano.
La CRBV contiene dos artículos que de manera expresa exigen la única y exclusiva nacionalidad venezolana para ejercer el cargo de presidente, estos son el 41 y el 227. Esto es lo que en derecho constitucional se denomina una “Prohibición reforzada”.
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Artículo 41: “Solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República…”
Artículo 227: “Para ser elegido presidente de la república se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad…”
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Como prohibición reforzada esto implica que estamos ante un principio, ante un requisito inmodificable, y lógicamente que cualquier duda razonable debe generar extremas actividades comprobatorias, pero en este caso tales requisitos están siendo flagrantemente violados mediante el subterfugio de una apurada sentencia de la Sala Constitucional controlada por el régimen en respuesta a una demanda que interpuso el propio involucrado Nicolás Maduro Moros, sentencia a la que se le dio la falsa denominación de “acción de control de constitucionalidad” tramitada bajo evidente fraude procesal y en la cual se declaró al cuestionado demandante como “venezolano” sin ningún tipo de comprobación, solo basándose en dos papeles expedidos por funcionarios bajo su mando, uno de Tibisay Lucena y otro del Servicio de Identificación que es como que si él mismo se los expidiera.
LA APURADA SENTENCIA DE SALA CONSTITUCIONAL. El miércoles 19 de octubre de 2016 fue introducida la demanda de Maduro pidiendo que lo declararan como ciudadano venezolano. La sentencia fue emitida el día viernes 28, o sea, apenas 7 días hábiles después, con ponencia de la señora Gladys Gutiérrez quien siempre ha estado al servicio de los gobiernos de Chávez y del mismo Maduro en cargos ejecutivos, esto además de otros graves elementos que en su contra pesan sobre su independencia de criterio.
La apurada sentencia en cuestión, a la que se le dio la falsa denominación de “Control de constitucionalidad”, sistema que para nada guarda relación con el asunto tratado, concluye en que “…el ciudadano Nicolás Maduro Moros, es, en efecto, ciudadano venezolano por nacimiento que no posee otra nacionalidad, tal como ha sido ampliamente acreditado a través de documentos oficiales e incontrovertibles expedidos por las máximas autoridades del registro civil venezolano (Consejo Nacional Electoral y Servicio Administrativo de Identificación).”
El fallo se sustenta en dos comunicaciones de dos entidades públicas sujetas al mando del propio Maduro Moros. VER: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/191597-907-281016-2016-16-1017.HTML
LA SENTENCIA NO FUE PRODUCTO DE DEBATE CONTRADICTORIO. No solo eso, sino que tratándose de un asunto de alto interés nacional ni siquiera hubo publicación, un cartel que diera a conocer ese trámite para permitir la intervención de cualquier persona interesada, todo se hizo dentro del mayor sigilo, en secreto y a gran velocidad en la que, de seguro, como es costumbre en ese coto cerrado, ni siquiera se tomó opinión de los magistrados cuyos nombres aparecen al pie de la “sentencia” de quienes ni se saben si en verdad firmaron eso, ni se hizo un llamado a quienes persistentemente hicimos gestiones de investigación, entre otros Walter Márquez, así como también el suscrito, ambos trabajando en separado, nos trasladamos a Colombia a realizar actividades al respecto. Incluso en fecha 12/2/2016 le consigné denuncia formal al entonces presidente de la Asamblea Nacional, el Dr. Henry Ramos Allup pidiendo una investigación y pronunciamiento del Organismo.
MADURO ES VENEZOLANO POR UNA SENTENCIA TRUCADA. El no ha dejado de ser de nacionalidad colombiana por esa burda maniobra, y lo es no solo por haber nacido en aquel territorio como lo demuestran múltiples evidencias, sino además porque es hijo de ciudadanos de aquel país lo cual no ha sido desvirtuado, ni le han fraguado otra de esas acomodaticias sentencias, hecho este (ascendencia paterna y materna) que, según la Constitución de la República de Colombia , independientemente del lugar de nacimiento lo hace su nacional. Esa nacionalidad colombiana de sus padres no ha sido desvirtuada ni siquiera por esa “sentencia”. Esto irremediablemente coloca al señor Nicolás Maduro Moros en situación de usurpador de la presidencia de la república independientemente del fraude electoral por el cual ostenta ilícitamente el cargo desde donde tiene sumido al país en un desastre que horroriza al mundo. Esto si que constituye una inhabilitación absoluta, radical.
ESTO FUE FORMALMENTE DENUNCIADO EN COLOMBIA. Walter Márquez desplegó una intensa actividad de investigación durante varios meses en Colombia en la que constató los hechos de la nacionalidad de Maduro, de sus padres y de sus hermanas. También yo lo hice y pude ver páginas arrancadas en libros de notarías donde estaban documentos comprobatorios que al preguntar por eso extraoficialmente me informaron que eso lo habían hecho unos cubanos. Por otra parte el abogado Ricardo Koesling también estuvo en Colombia haciendo investigaciones sobre el tema y una vez que recabó material, en fecha 10/06/2017 formalizó denuncia con soporte documental este caso de la nacionalidad de Maduro tal y como consta en documento MCGIT 20195980316392, denuncia que está en curso.
EN RESUMEN. Aquí el inhabilitado es el ciudadano colombiano Nicolás Maduro Moros, no María Corina Machado, venezolana de pura cepa.
