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El Tribunal Supremo (TS) de España no resolverá hasta el lunes próximo, en principio, sobre la petición de libertad provisional formulada por ocho exconsejeros independentistas de Cataluña y los líderes de dos organizaciones secesionistas de esa región, todos ellos en prisión preventiva.

Según fuentes jurídicas, el juez Pablo Llarena se lo comunicó así a los abogados de los diez procesados, que hoy están compareciendo ante el magistrado para solicitar la puesta en libertad.

Entre los exgobernantes catalanes, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el anterior responsable de Exteriores, Raül Romeva, fueron los únicos que se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalía, mientras que el resto contestaron a las acusaciones en mayor o menor medida.

La decisión del juez sobre su libertad se produciría horas antes de que comience, en la medianoche del lunes, la campaña electoral para los comicios regionales del 21 de diciembre, en los que concurren siete de esos ocho exconsejeros y uno de los líderes de las entidades separatistas.

Junqueras y otros siete miembros del anterior gobierno catalán -destituido el 27 de octubre por el Ejecutivo español- permanecen en prisión desde el 2 de noviembre por supuestos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista en Cataluña.

El expresidente catalán Carles Puigdemont y otros cuatro exconsejeros, reclamados por la Justicia española, siguen en Bélgica a la espera de que las autoridades judiciales de ese país decidan si son entregados a España.

También están en prisión, desde el 16 de octubre, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, como sospechosos de un delito de sedición por el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre, cuando este cuerpo de seguridad realizaba una operación para impedir el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre.

Todos fueron encarcelados por orden de la Audiencia Nacional española, que inicialmente se encargó de investigar los posibles delitos citados a petición de la Fiscalía.

El pasado día 24, el TS decidió asumir todas las causas abiertas en relación con el proceso independentista y Llarena centralizó la investigación.

Entonces, todos los encarcelados pidieron declarar ante el juez y pedir la libertad provisional con el argumento de que, desde que entraron en prisión, han acatado las decisiones del Ejecutivo central para impedir el secesionismo, de acuerdo con la Constitución española, entre ellas, la disolución del anterior gobierno catalán y la convocatoria de elecciones regionales.




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