La presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro, responsabilizó hoy a la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, por «cualquier cosa» que ocurra con su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro, o su familia.
Carlos Fernando Chamorro es el director de un grupo de medios críticos con el Gobierno que fueron allanados la semana pasada por la Policía de Nicaragua.
«El vídeo de Murillo señalando nuestra familia de ‘traidores y vende patrias’, es una amenaza directa contra la seguridad y vida de Carlos Fernando Chamorro. Cualquier cosa le pase a él o su familia, es responsabilidad de Murillo», dijo Chamorro en su cuenta en Twitter.
El pasado lunes Murillo afirmó que «desgraciadamente en nuestro país, a lo largo de la historia, hemos conocido nombres y apellidos que se repiten en el afán de traicionar a la patria o que han sabido vender la patria, y eso ni siquiera se puede concebir (…), este año hemos conocido la ferocidad de esas ambiciones».
Las palabras de Murillo se dieron luego de que el periodista acudió al Poder Judicial para denunciar abusos y agresiones de la Policía, para lo cual dijo asistir con miedo pero «blindado por la moral de mi padre y de mi madre».
Carlos Fernando Chamorro es hijo del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, conocido como el «mártir de las libertades públicas», y de la expresidenta Violeta Barrios, la «dama de la paz».
El héroe nacional fue un periodista crítico de la dictadura de los Somoza, que fue encarcelado por sus señalamientos y falleció asesinado en 1978.
«No permitamos otro crimen como el del 10 de Enero de 1978», destacó Cristiana Chamorro.
Barrios ganó contra pronósticos a Daniel Ortega las elecciones de 1990, en las que este no logró su reelección tras 10 años gobernando, que se hicieron históricas porque permitió a Nicaragua pasar a un sistema democrático.
Ortega, quien gobernó a una Nicaragua en guerra en los años 80 del siglo pasado, volvió a la Presidencia en 2007, y tras 11 años de Gobierno enfrenta un nuevo conflicto interno, que ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 «presos políticos», cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 detenidos a los que califica de «golpistas», «terroristas» y «delincuentes comunes».
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega rechaza los señalamientos y aduce que superó un intento de «golpe de Estado», pese a que los desmentidos de la Acnudh y la CIDH.
Las protestas contra Ortega y Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.
