Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal Carabobo.
Fotografía: Rafael Freites. Betancourt informo que aparte de el caso de Gerardin Moreno, hay otros que aclarar.
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Cada vez que se ve alguna patrulla policial, los vecinos preguntan por las redes sociales si están allanando. Lo que empezó como un experimento en Carabobo a raíz del plan Zamora a inicios de mayo, logró su objetivo: Sembró terror.

Y se intensificó tras la toma, el domingo 6 de agosto, de la 41 Brigada Blindada, con una ola persecutoria de “presuntos allanamientos”, como lo denomina el Foro Penal, organización no gubernamental que, a diario, recibe entre 4 a 5 denuncias de este tipo de procedimiento, que no cumplen con las formalidades de ley.

Uno de los casos emblemáticos es el de Julio García, presidente del Colegio de Enfermería de esta entidad. Los efectivos no presentaron ninguna orden judicial. Traspasaron las rejas de su vivienda, lo detuvieron e incautaron algunas de sus pertenencias, según denuncia de familiares al Foro Penal.

Estamos en un estado de Derecho Penal sin garantía, ratifica Luis Armando Betancourt, coordinador regional del Foro Penal en Carabobo. “Cuando recibimos las denuncias siempre preguntamos si hubo testigos o a qué organismo pertenecían los supuestos funcionarios. Y si las respuestas a estas interrogantes son negativas, en definitiva, no podemos estar frente a un allanamiento, sino ante una violación del domicilio y abuso de funciones en caso de que estas personas sean funcionarios públicos”.

¿Qué implica un allanamiento?

El allanamiento es un registro que se realiza a una morada, establecimiento comercial o cualquier otro establecimiento cerrado que requiere la autorización de un juez. Debe cumplir ciertas formalidades, como lo establece el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal. Esta orden debe contemplar un contenido específico: Hacer constar que se realiza con la presencia de dos testigos que deben ser vecinos del sector donde se realizará.

La solicitud que decreta el procedimiento se debe mostrar impresa a la persona a la que se le allana, quien debe recibir un ejemplar explicativo del motivo y de lo que se va a buscar.

Uno de los detalles que la ciudadanía desconoce es que el allanamiento tiene una vigencia de 7 días, lo cual se debe indicar en la orden. “Si esto no está dentro de la vigencia acordada por el juez, las personas pudieran oponerse al acto arbitrario”, ratificó el abogado.

Es lo que ha venido denunciando el Foro Penal, sobre todo después de los hechos ocurridos en la 41 Brigada Blindada, porque se estarían violando derechos fundamentales. “Desde hace tiempo venimos denunciando  la utilización del derecho penal del enemigo, una teoría que usa el derecho penal para criminalizar a la disidencia y provocar temor y terror en la población. Y eso no es lo que queremos. No queremos que un funcionario sea visto como una persona que cause miedo, sino que genere respeto y confianza”.

Una estela amarga de actos arbitrarios                   

Para los defensores de los derechos humanos, el plan Zamora ha dejado una experiencia amarga. “Muchas personas no fueron presentadas ante un juez natural, sino ante tribunales militares. En algunos casos las audiencias fueron improvisadas y las personas no declaraban por miedo, como en el caso de Carlos Graffe”.

El Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional en Ciudad Chávez, al sur de Valencia, es uno de estos sitios, emblemático en Carabobo desde que se implementó el llamado Plan Zamora. Algunos de los aprehendidos permanecen en Ciudad Chávez, otros en el Sebin en Naguanagua y unos en la División General de Contra Inteligencia Militar, pero la mayoría fue enviado a penales, especialmente la cárcel 26 de Julio, en Guárico; y al Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) en Ramo Verde, estado Miranda.

¿A qué se debe esta oleada de presuntos allanamientos, están en búsqueda de qué?

Betancourt maneja dos hipótesis: una, que están buscando algo y presumen que esté en algún sitio, y la otra, que es la que cobra más fuerza, que es para generar terror en la ciudadanía.

El coordinador del Foro Penal en Carabobo, sin embargo, ve algo positivo de estos movimientos arbitrarios: La unión ciudadana. El también profesor universitario ha sido testigo de que cada vez que se concretan estos procedimientos arbitrarios, las personas denuncian, se hacen presentes en el sitio para verificar si hay algún detenido y de inmediato contactan al Foro Penal. “Nosotros por lo general tenemos los reportes gracias a la ayuda ciudadana”.

¿Qué hacer si se es víctima de este tipo de procedimientos?

Betancourt lo explica: “Usted puede llamar a su abogado para que esté presente en el acto. También debe pedir la orden para ver lo que está contenido en ella, estar presente al momento de la redacción del documento que se debe hacer durante el allanamiento y que debe dejar constancia de qué se están llevando. Es un derecho, y si estas formalidades no se cumplen, usted puede muy bien oponerse, porque sería un acto arbitrario e ilegal”.

El plan Zamora ha sido excesivo hasta para los abogados, detalla el académico. “A nosotros, los abogados no se nos garantiza el cabal cumplimiento de nuestro trabajo. No tenemos  garantías. En lo particular, no he podido revisar el expediente de Carlos Graffe. He consignado distintos escritos y no he tenido respuesta. Así como este caso, tenemos muchos más que tienen que esperar a las afueras del comando Ciudad Chávez, para poder ser atendidos. Allí no hay atención a los abogados, lo cual también transgrede los principios de la Constitución: el derecho a la defensa.”.

Los abusos extrajudiciales no prescriben

La inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucional que asiste a todos los habitantes de nuestro país.  Y los artículos 150 y 151 del Código Procesal Penal contemplan prisión desde 15 meses en adelante para los funcionarios públicos o agentes de la autoridad que allanen un domicilio, sin las formalidades prescriptas por la ley.

Luego de la reforma constitucional del año 1999, la protección a este derecho fundamental fue fortalecida por la incorporación a la Carta Magna, con su misma jerarquía, de ciertos tratados internacionales sobre Derechos Humanos que también resguardan esta proyección de la libertad del hombre (art. 75 inc. 22 CN). Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos indica en su artículo 11. 2 que “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.

El artículo 17.1 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”. También  el art. IX de la Declaración Americana de los Derechos  y Deberes del Hombre establece que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y el art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos expresa que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

Pero las sanciones van más allá: las penas por violaciones de los derechos humanos como las torturas y tratos crueles no prescriben, recordó Luis Armando Betancourt. El Foro Penal tiene denuncias sobre estas garantías y las penas pueden superar los 20 años.

Casos emblemáticos de detenidos en allanamientos:

*Julio García, presidente del Colegio de Enfermeria Carabobo, sábado 12 de agosto

* Rosmary Di Prieto,  presidenta del Colegio de Contadores de la región. Sábado 12 de agosto

* Omar Escalante, secretario general de Fetracarabobo. Martes 8 de Agosto

* Simón Mora, esposo de la decana de Odontología UC. El jueves 16 agosto

*Más de 50 denuncias de “presuntos allanamientos” ha recibido el Foro Penal desde el mes de abril de este año.

*Más de 48 horas para la presentación de los detenidos, transgrediéndose el tiempo estipulado en el COPP.

La detención de estos ciudadanos debe motivar a que todos los gremios y Ongs se conviertan en un solo bloque, símbolo de unidad para que no le ocurra a ningún otro gremio, sentenció Betancourt. “Los ciudadanos pueden estar tranquilos de que habrá justicia, tanto en las instancias nacionales e internacionales.  El Foro Penal se encargará de ello”.




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