La criminalística no falla

Un arma no letal, accionada a pocos metros de la víctima, se convierte en letal. Esta es una máxima con la que el abogado y especialista en criminología, Javier Gorriño, analiza la intencionalidad de los funcionarios, militares y policiales, que participaron en el Plan Zamora.

Para restablecer el orden público las armas a utilizar son bombas lacrimógenas y perdigones de goma, los cuales deben ser lanzados o disparados a una distancia no menor de cinco metros. Cuando son accionadas contra manifestantes a menos de dos metros, pueden convertirse en letales. Ejemplos sobran: Juan Carlos Pernalete, en Caracas, murió por una lacrimógena disparada a corta distancia que le impactó en el cuello. En Carabobo, Hecder Lugo, un joven de 20 años que manifestaba en la urbanización El Tulipán de San Diego, recibió el impacto de perdigones, a quemarropa, en su cabeza, según testigos.

El especialista planteó que, si las manifestaciones se tornan violentas, lo oportuno es tratar de dialogar con los protestantes. No hacerlo coloca al funcionario en la posibilidad de hacer un mal uso del armamento, lo cual añade una intencionalidad que convierte su accionar en ilegal. “Las armas no letales están diseñadas para dispersar, no para utilizarse como proyectil”.

Gorriño sabe que los perdigones de goma muchas veces son sustituidos por perdigones letales de plomo. Otra práctica es colocar proyectiles delante del cañón. Esto se conoce como aliño y no es legal. Cuando se conjugan estas sustituciones con disparos a corta distancia, se incrementa la gravedad de las heridas y por ende la intencionalidad del funcionario de castigar y, posiblemente, de asesinar.   

El exfuncionario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial es enfático. “El uso de metras, por ejemplo, es para causar lesiones graves o la muerte y dependiendo de la parte del cuerpo comprometida, puede convertirse en letal”.

LA IMPUNIDAD Y LA REPRESIÓN

La represión durante las protestas que iniciaron en abril de este año es vista por Gorriño con mucha impunidad. “Se han detectado casos de funcionarios policiales y militares que causaron muertes de manera intencional y aún no han sido presentados ante los tribunales”.

Si no hay detención, la impunidad genera repitencia de delitos, el acto criminal se vuelve atractivo y eso lo perciben los funcionarios. Saben que no habrá sanción y delinquen con tranquilidad

Para Gorriño, la represión que se instauró en el país tuvo definitivamente la intención de castigar y asesinar. Funcionarios malintencionados convirtieron armas no letales en armas letales, por su uso, por la distancia, por el aliño. Si ven que no son castigados, lo seguirán haciendo”.

¿Es científicamente posible emitir veredictos minutos después de ocurrir un asesinato?. En Carabobo la Zona Operativa De Defensa Integral acusó, vía Twitter, a un funcionario de la Policía de Naguanagua, con nombre y apellido, de la muerte de un manifestante, pocas horas después del episodio

No, es muy irresponsable, responde. Lo primero que se hace cuando alguien muere es tomar en cuenta el protocolo, que inicia el médico forense con el levantamiento del cadáver. Se describen las lesiones, el tiempo de la muerte, la vestimenta, las heridas, los signos abióticos, para calcular la hora de la muerte.

El segundo protocolo está en la morgue, donde se realiza la autopsia. Allí se describe la trayectoria balística, el impacto del proyectil y se determina la causa de la muerte.

Estos pasos, según Gorriño, pueden durar más de un día, solo en la investigación de la trayectoria balística que realizan expertos en criminalística. Después de todo esto es que se puede determinar quién cometió el acto.

La ZODI se precipitó, en su opinión. “Se deben esperar las evaluaciones técnicas y todo el protocolo correspondiente para emitir cualquier señalamiento”.

QUE QUEDE CLARO

El profesor universitario recordó que el derecho a protestar está en la Constitución y es inherente al ser humano. En cualquiera de los casos las armas no letales tienen que ser bien utilizadas. Lo contrario demuestra una intención clara, que pesa sobre los señalados por este tipo de delitos, considerados de Lesa Humanidad, y que no prescriben.




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