Esta no es una historia nueva. Para Carmen Iribarren comenzó hace 16 años, aunque no sabía absolutamente nada de lo que le esperaba. Hoy, ella denuncia que desde que su nieto nació ya estaba planificado que sería entregado ilegalmente a una pareja, con el apoyo de funcionarios del Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (Cmdnna), de Valencia, ubicado en La Isabelica.
La hija de Carmen tenía problemas de adicción a las drogas, por lo que el niño nació con varios problemas médicos y estuvo hospitalizado desde el 22 de diciembre de 2006, hasta el 17 de enero de 2007 en la Maternidad del Sur.
Ese día, desde el Cmdnna de La Isabelica, se emitieron dos documentos que solo se diferenciaban en algo: en la persona que se haría cargo del recién nacido. Una de las órdenes establecía que debía ser entregado a algún integrante de la familia de origen. «Esa persona era yo, pero yo vivía en Guanare, donde estaba trabajando, sin embargo, había más familia en Valencia que podía asumir la responsabilidad y que, incluso, hasta donó sangre al bebé”.
El otro documento, con la misma fecha, establecía que el niño se entregara a una señora desconocida por toda la familia. Y así fue así como se hizo.
Así comenzó el calvario. Carmen viajaba cada fin de semana a Valencia para visitar a su nieto. Le permitían verlo por una hora en el parque del Cmdnna.
Fuera de la legalidad
En Carabobo son muchas las denuncias de este tipo. La Fundación Venezolana de Niños Sustraídos, Retenidos y Desaparecidos (Funvenides) ha recibido, en el año 2022 y lo que va de 2023, más de 20 denuncias de procesos irregulares. En seis de esos casos existen pruebas y expedientes que así lo confirman. Todas tienen relación directa con el Consejo de Protección de La Isabelica.
De acuerdo con el artículo 128 de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) la colocación familiar, conjuntamente con la adopción, son las únicas medidas de protección y son dictadas, exclusivamente, por los tribunales de Protección, por lo que los consejos de Protección no tienen esa atribución. Pero el caso del nieto de Carmen nunca pasó a instancias judiciales, las decisiones se tomaron en el Cmdnna de La Isabelica.
El artículo 395 de la Lopnna consagra los principios fundamentales que el juez debe tener en cuenta al momento de decidir sobre la modalidad de familia sustituta. Incluye la conveniencia de que existan vínculos de parentesco por consanguinidad o por afinidad entre el niño, niña o adolescente y quienes pueden conformar la familia sustituta.
La Constitución, en el artículo 71, indica dos supuestos en los cuales una persona menor de edad tendrá derecho a separarse del entorno familiar y entrar a la esfera de una familia sustituta: 1) que haya imposibilidad de habitar con su familia, y 2) que, siendo posible su habitación y crianza en el seno familiar, vaya en contra de su interés superior. Esta misma idea se plasma en el artículo 26.1 de la Lopnna.
Con todo esto claro, Carmen preparó todos los documentos que le solicitaron y asistió a las evaluaciones psicológicas que le pidieron. Pasó un mes y no le entregaron al niño, que estaba con una pareja que ella no conocía.
“En febrero de 2007, fecha de Carnaval, llamé a la señora Yolanda Arteaga, coordinadora del programa Abrigo en Familia Sustituta Sentimiento Infantil, y le dije que iba a ver al niño y me dijo que no podía porque se iba con la familia a Cojedes. Le pregunté con cuál y me dijo con la familia sustituta y le respondí que era correcto, sustituta, porque su familia soy yo y quería verlo. Llegué, mostré todos los documentos solicitados y me entregaron al niño porque me puse brava”.
Acercamiento letal
Cuando el niño tenía dos meses de nacido, su abuela se encargó de hacerle todos los estudios especiales que le indicaron, porque tenía una condición neurológica.
Estaban en Guanare, junto con la hermana mayor del bebé, que en febrero de 2007 tenía dos años. La pareja insistía en visitar al niño, Carmen accedió. “Yo no tenía malicia y se veían buena gente”.
Pero comenzó a pensar mal cuando la señora que lo tuvo en su casa como madre sustituta durante unos días le pedía que se lo diera por seis meses. “Ella era muy aprehensiva, le agarré miedo y se lo dije, ella se molestó y no regresó más, pero su esposo sí”.
Carmen estaba esperando la patria potestad de sus dos nietos que, en efecto, un tribunal le otorgó. Posteriormente, se enteró que la mujer interesada en el niño no podía tener hijos. «Su esposo tenía dos hijas fuera del matrimonio, pero él quería un varón, era como una obsesión”.
También supo que la cuñada de esa mujer trabajaba en el Cmdnna de La Isabelica, por lo que ella presume que todo estaba planificado desde dentro de la institución. “El señor siempre iba a Guanare a visitar a los niños, yo lo veía buena persona, hasta me dio la cola para hacer mercado una vez, lo quiso pagar, pero yo me negué. Yo le permití que se acercaran, pero eso no significaba que se los estaba entregando, yo nunca renuncié a la custodia”.
La ejecución del plan
El tiempo pasaba y la pareja seguía insistiendo. Cuando el niño tenía 11 años, en 2018, el hombre le dijo a Carmen que ya estaban creciendo los nietos, que ella estaba mayor para atenderlos, que no tenía la fortaleza que requería y que los niños necesitaban una figura paterna.
También le dijo que había comprado un apartamento en el municipio Los Guayos, al oriente de Carabobo, para que ella y los dos niños se mudaran, así él y su esposa estarían más cerca y pendientes de ellos. “Ellos enamoraron a los muchachos para que me convencieran, ellos son mi lado flaco, yo me fui bajo la promesa de que pondría el apartamento a nombre de los niños, eso se lo exigí, a nombre de ellos, no mío. Me dijo que sí, pagó camión de la mudanza y nos fuimos”.
Pero al llegar quedó claro el plan que tenían. La pareja se llevó a los niños a su casa, en La Isabelica, y Carmen estaba sola. Ella se los reclamó y como respuesta recibió una denuncia por maltrato, en el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente de Los Guayos.
“Él instigó a los niños para que me denunciaran y dijeran que los maltrataba. El varón dijo que le había pegado con un palo a la niña, y ella dijo que había sido con un tubo. Se comprobó que no había agresión. Ellos son blanquitos y no tenían cicatrices de ningún tipo. Además, el informe psicológico también demostró que todo era una mentira y el Consejo de Protección de Los Guayos ordenó que me los entregaran para que me los llevara a Guanare. Aun así, no me los entregaban”.
Carmen llevó todo lo que le pidieron, el hombre se negó a las evaluaciones psicológicas y desacató la orden de darle los niños a Carmen. Ella decidió ir a la fiscalía a denunciar el caso. “Fui atendida por el fiscal Kevin Sepúlveda Piedra, a quien le entregué copia de la orden del Consejo de Protección de Los Guayos, y me dio la orden para llevarla a la sede de la policía de La Isabelica, que es donde vive esta pareja”.
Al día siguiente todos acudieron a la citación, pero solo bastaron cinco minutos para que, cuando los niños fueron interrogados, el fiscal dijera que serían entregados a su tío, el hijo de Carmen. “Yo no estuve de acuerdo porque él también tenía problemas de adicción, entonces me dijeron que serían llevados a un albergue y me dio miedo, por lo que accedí a que se fueran con mi hijo”.
A los días, el tío de los niños se los entregó nuevamente a la pareja. “No sé si fue con orden del Cmdnna, si fue así, es ilegal porque los Consejos de Protección no pueden dictar medidas de abrigo que pasen de un mes, porque son órganos administrativos auxiliares, y deben buscar a la familia. Pero hubo cierta relación amistosa entre mi hijo y ese señor”.
Durante los siguientes dos años Carmen no pudo ver ni hablar con sus nietos, hasta que la pareja decidió darle nuevamente la niña al tío, con el argumento de que estaba robando. Luego el Cmdnna se la entregó a otro señor que apareció como supuesto padre biológico.
“Mi nieta a los 28 días me llamó para pedirme perdón, que quería estar conmigo porque le tenía miedo a ese hombre. Ella tiene tres medidas de abrigo con tres personas diferentes emanadas de ese Consejo de Protección, sin que en ningún momento participaran los tribunales”.
En junio de 2022 Carmen seguía con su nieta, que para ese entonces tenía 17 años. Un viernes la adolescente se fue a una fiesta y regresó el lunes, por lo que la abuela se molestó y la regañó. Manipulada por la pareja que tiene a su hermano, la joven denunció por maltrato a Carmen.
Fue así como funcionarios de la Policía Municipal de Los Guayos detuvieron a Carmen, le quitaron las llaves del apartamento en el que ahora vive sola la nieta, y la despojaron de todas las pertenencias que tenía en el interior del inmueble, incluyendo documentos importantes como su pasaporte.
Ella tuvo que mudarse a Barinas desde donde sigue luchando por justicia. “Mi propósito es denunciar y sacar esto a la luz pública, no es que mis nietos regresen conmigo porque después de cinco años ellos están alienados por terceros, ya no son los mismos. Mi lucha es para que se haga justicia y que se aplique todo el peso de la ley a quienes han incurrido en tan graves delitos, instituciones, funcionarios o quienes compraron a los niños. Esto es una compra venta”.
Otra abuela que llora por su nieta
En 2019, un año después de que le quitarán su nieto a Carmen, empezó la historia de Eglys Tibisay Marín García. Ella estaba en su casa, al sur de Valencia, cuidando a su nieta de cuatro años, cuando una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegó con funcionarios del Cmdnna de La Isabelica y decidieron llevarse a la niña.
“Ella estaba comiendo dentro de la casa y estaba un poco sucia, es normal para una niña pequeña. Pero los funcionarios dijeron que se la llevarían porque estaba desnutrida, aunque una las policías decía que no entendía por qué ejecutaban esa acción”, relató visiblemente conmovida.
Al día siguiente fue a la sede del Cmdnna de La Isabelica a buscar respuestas, pero no las consiguió. No pudo ver a la niña, le dijeron que volviera en 15 días y tampoco le permitieron verla.
Eglys estaba a cargo de su nieta desde que tenía apenas ocho meses de nacida, cuando su hija decidió irse del país. Al perderla, lloraba desesperada porque no sabía dónde estaba la niña. 45 días después le permitieron verla por una hora en el parque del Cmdnna.
Ella la veía cada 15 días porque llamaba para solicitarlo, e insistía en que la dejaran que se la llevara a casa nuevamente. Le dijeron que debía asistir a tres consultas con un psicólogo, pero solo le dieron una cita.
Un día la abuela se enteró que la niña estaba con una familia sustituta, que ella no conocía. Ya no podía verla en el parque.
En una oportunidad, una trabajadora del Cmdnna le preguntó si la niña estaba bautizada porque querían cumplir con ese sacramento. Entonces indagó y supo que esa consejera vive en Flor Amarillo y es vecina de la pareja que tiene a su nieta. Luego no supo más nada.
La última vez que vio a la niña fue antes de que declararan la cuarentena nacional por la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020. Ese día la pequeña le dijo que ya tenía otro nombre y apellido.
Al pasar el confinamiento, Eglys volvió al Cmdnna. Allí solo le dicen que vaya en una semana, en dos, y no le han permitido ver nuevamente a la niña.
En su caso hay un factor común con el de Carmen: La coordinadora del programa Abrigo en Familia Sustituta Sentimiento Infantil es Yolanda Arteaga. “Me trataba a las patadas, es la persona más humillante y mala que he conocido, yo lo único que hacía era llorar”.
La vulnerabilidad como norma
Aunque en el momento que se llevaron a la nieta de Eglys los funcionaros alegaron que estaba desnutrida, no hay ningún estudio que así lo confirme.
Esto coincide con lo que ha detectado el director de la Fundación Venezolana de Niños Sustraidos, Retenidos y Desaparecidos (Funvenides), Martín Geymonat. “No agarran a los niños que están pidiendo en las calles, ni a los que están en un semáforo con la mamá. Ellos los estudian”.
El abogado aseguró que desde el Consejo de Protección se enfocan en niños que no estén enfermos ni a la intemperie, sino que están en buena condición física. «Esos son los que van a buscar».
Si de verdad quieren proteger a los niños vulnerables, que los busquen en la calle, que hay un montón, sentenció Geymonat. Es un problema en Venezuela que va en crecimiento y que no se ha solucionado. «Pero esos niños a veces arrastran enfermedades, tienen cicatrices en el cuerpo y otras condiciones que no los hacen atractivos para venderlos”.
La mayoría de los casos que Funvenides ha registrado sobre niños desaparecidos tienen como escenario los sectores más populares de Venezuela. «Son personas con cierta precariedad económica, que no tienen dinero para pagar abogados y que acuden a organizaciones o fundaciones, cuando tienen la oportunidad, para que los puedan ayudar».
Geymonat alertó que si las víctimas van al Ministerio Público (MP) a poner una denuncia, muchas veces no se las toman si son en contra de un Cmdnna. Si van al Consejo de Protección a pedir la colocación familiar o a exigir que sean respetados sus derechos familiares, y preguntar dónde y con quién están los niños y en qué condiciones, no les hacen caso, los maltratan y sacan con la policía.
“Tenemos autoridades del estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, MP, Consejo de Protección, que se aprovechan de los más vulnerables para retirarles a sus hijos y los niños pasan a estar desaparecidos”, denunció Geymonat.
El tema se torna mucho más grave cuando se involucra el tráfico o trata de los menores. Durante su participación, en 2019, en el Foro de Personas Desaparecidas de la ciudad de Sao Pablo, Geymonat vio un tabulador de compra y venta de niños.
“Hay niñas venezolanas que, si tienen entre ocho y 12 años, son blancas, pelo negro, ojos verdes, pueden costar hasta 40 mil dólares… Hay otros que son para trabajo forzoso que cuestan entre cinco mil y 10 mil. Parece insólito, pero esos son los precios que se conocen».
Cárcel por exigir información sobre el paradero de sus hijos
El 10 de mayo de este año, Yrasema Malavé solo exigía conocer el paradero de su hija de 12 años. Declaraba a un medio de comunicación cuando fue detenida e imputada por, presuntamente, actuar con omisión en el abuso sexual de la menor de edad.
Un año atrás, el 23 de mayo de 2022, fue la última vez que vio a su hija, luego de que su madre, una paciente psiquiátrica, le llevara a la sede del Cmdnna de La Isabelica.
Desde ese día comenzó la lucha de Yrasema, quien desde el primer momento fue acusada de complicidad con su expareja para abusar de la niña. El acta conclusiva de esa causa expresa claramente que no hay pruebas, y que ni siquiera ella tenía pareja. En ese momento estaba en libertad plena.
No hay acto comprobado ni autor de ese acto de lesiones a la niña, porque a quien señalan como pareja es un sordo mudo que no sabía lo que esta pasando. Aun así, el hombre ha ido a Fiscalia y al Palacio de Justicia para dar su versión y decir que ni siquiera eran pareja, pero no hay intérprete.
“No han detenido a ese señor porque no hay pruebas. Entonces, tenemos a Yrasema detenida e imputada por permitir un acto lascivo, que según la Fiscalía no se cometió y el presunto autor está en libertad”.
Pero durante el último año recibió amenazas de ser llevada tras las rejas si seguía denunciando a funcionarios e instituciones públicas como responsables de la desaparición de su hija. “A Yrasema la vuelven a imputar, dicen que la madre volvió al Palacio de Justicia para relatar hechos y acusarla, pero la señora lo niega, pues no puede caminar y hace meses que no sale de su casa”, aclaró Geymonat.
Josías Avila: Yo pude hacerme cargo de mi hermana
Josías Ávila es el hijo de Yrasema. El está desconcertado y afligido. No entiende por qué no se comunicaron con él, que es mayor de edad, estable económicamente y está casado, para hacerse cargo de la niña, su hermana, en lugar de darla una familia sustituta, como han indicado en el Cmdnna que ordenaron.
Él ha hablado con su padre, quien asegura que tampoco recibió ninguna comunicación para entregarle a la niña, que ya tiene 12 años. “Esto no es lo justo, ni lo correcto”, dice Josías.
El joven contó que su abuela, con patología psiquiátrica y discapacidad, dice que nunca ha denunciado a su madre, y que no recuerda los motivos por los que llevó a la niña al Cmdnna.
En una oportunidad, Yrasema fue al colegio donde estudiaba la niña y la vio bajarse de un carro con vidrios oscuros y escoltas. «Le preguntó a la maestra con quien estaba viviendo, pero la docente se asustó y no quiso decir nada. A mi mamá la sacaron del colegio».
Yrasema tiene más de un mes detenida en un calabozo del Cicpc Tocuyito, sus abogados preparan la defensa.
“Ella tiene grabada la conversación con la consejera, quien le dijo que, en efecto, no tiene responsabilidad, que fue un error de Consejo de Protección, y que si se quedaba callada le devolvían a la niña. Ella fue a la gobernación del estado Carabobo a entregar una carta al gobernador, fue con carteles a la Fiscalía General de la República en Caracas, no dejó de ir al Cmdnna de La Isabelica, denunció en medios de comunicación. Fue cumplida la amenaza, está detenida”, relató el director de Funvenides.
96 horas preso
96 horas preso estuvo José Luis Ramírez García. Él tampoco sabe con certeza dónde está su hijo de cinco años, solo sabe que está con su madre quien, con documentos forjados, logró sacarlo del país.
Su expareja regresó a Venezuela de Perú y él propició encuentros para que el niño compartiera con ella. A las semanas se dio cuenta de las intenciones de la mujer: llevárselo. Él solicitó una medida de prohibición de salida del país y una de protección al estudio, pues la mamá no lo llevaba al colegio.
El 5 de octubre de 2022 fue la última vez que José Luis vio a su hijo, fue cambiado de domicilio. En las citas en el Cmdnna, él llevó la cédula escolar emitida por el Ministerio de Educación, a la que no le prestaron atención. La mamá llevó una constancia de estudios enmendada, con la que el Consejo de Protección instó al colegio a que entregara los documentos a la madre porque se iba con ella.
“Yo fue a pedir medida de protección del derecho al estudio, no que sacaran al niño del colegio en el que estaba para meterlo en otro que no conocía. Ya ella me había amenazado con llevarse al niño del país”.
En la Fiscalía 20, la misma que actúo en los casos de Carmen, Eglys e Yrasema, no hicieron nada ante las solicitudes de José Luis, quien exigía saber dónde estaba su hijo.
“Recibí varias advertencias de usuarios vulnerados por el Consejo de Protección de la Isabelica que me decían que la Fiscal 20, inexplicablemente, comparte nexos con todos los casos y priva de libertad a los usuarios que buscamos justicia. Aún así fui el 29 de marzo a ratificar la solicitud del testigo para alimentar la linea de investigación. Ella me decía cosas que no eran relevantes, cosas retoricas, que el MP era único e indivisible, que era ella la que dirigía la operación y yo dije que soy parte y usuario que demanda. Fui a pedir auxilio y me encuentro con una simulación de hecho de su parte. Dijo que la empujé, que la golpeé y acto seguido llamó al cuerpo de seguridad y me detuvieron”.
José Luis había grabado todo, tiene el audio que confirma que él no fue violento con la fiscal, pero su denuncia fue desestimada.
El niño fue solo un mes al colegio nuevo. Cuando José Luis fue, el 5 de mayo de ese mismo año, a tribunales para conseguir una medida de régimen de convivencia familiar temporal para ejecutarla, le dijeron que al niño se lo llevaron en enero a Bogotá.
Llamado a comisión nacional
Ante tantas irregularidades en las actuaciones de instituciones públicas regionales denunciadas por estas víctimas, la directora general nacional de la Fundación de Defensa de los DDHH Libertad, Justicia y Orden, Lily López, pidió que se cree una comisión nacional que investigue cada uno de los casos.
“El llamado es al fiscal general para que asigne a un fiscal nacional que esclarezca estos hechos. Este poder ciudadano debe representar el interés de los carabobeños y las familias afectadas por esta situación grave. También hago extensivo el llamado a Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, para que desde los tribunales de protección del niño, niña y adolescente, investigue y se cree una comisión nacional para que se dé con el paradero de estos niños, que presumimos están desaparecidos hasta que no se informe al respecto”.
Dixon Pérez, coordinador regional de la fundación Libertad, Justicia y Orden, dijo que es alarmante saber que han separado de forma irregular a los niños de sus familias.
“Hay que hacer referencia al artículo 78 de la Constitución que establece la protección integral y la prioridad absoluta de todo el ente del sistema rector de protección del NNA. El llamado es a que se aboquen los organismos del sistema rector nacional para dar respuesta a una sociedad que exige seguridad jurídica y cumplimento del debido proceso nacional e internacional”.
Durante la realización de este trabajo periodístico, se acudió en dos oportunidades a la sede del Cmdnna de La Isabelica, y se consignó solicitud de entrevista al director de esta institución, Luis Guillén. Hasta el momento de publicar esta información no se había obtenido respuesta. 
