El camino de tierra es largo y solitario. Jesús Tortoza es el único que lo recorre apurado, más nadie tiene prisa en esa zona del municipio Carlos Arvelo. Va en dirección fija mientras el crujido de sus pasos parece que hablaran. Es un sonido lleno de textura ocasionado por los gránulos de tierra que se rompen bajo el peso de los pies, y que extrañan el paso constante de camiones y gandolas que transportaban las cosechas logradas en las fincas del lugar.
Tiene 80 años y lleva los últimos 17 luchando y esperando por una justicia que no llega. Sus pasos son determinantes porque para él tiempo no se detiene. Señala con sus manos temblorosas una gran extensión de terreno y comienza a recordar donde estaban las caballerizas, las casas, las plantaciones frutales… Ya nada de eso existe en las 16,8 hectáreas que le arrebataron en un proceso totalmente irregular.
El chasquido de cada paso que se da en el sitio no suena como antes. No importa el tipo de zapato que se lleve. La tierra está árida y al pasar sobre ella parece que gritara y se quejara de ya no ser lo que era porque nada es igual, ni la producción, ni la gente, ni las esperanzas, y así lo siente hasta quien visita Boca de Río por primera vez.
Ahí estaban las Mini-fincas Tacasuruma, propiedad de Tortoza desde 1998 pero que le fueron confiscadas en febrero 2006, cuando varias cooperativas invadieron sus tierras y, tres meses después tenían un contrato de comodato otorgado por el Instituto Nacional de Tierras (INTI) a Radio Nacional de Venezuela (RNV).
Fue un procedimiento que no solo afectó su propiedad, sino a un total de 37,8 hectáreas, incluidas las tierras de dos ex socios, y una hectárea que había acabado de vender al ciudadano Esteban Orasma Rondón, de la que se tiene la certificación de propiedad.
Ilegalidades tras ilegalidades
Él recuerda claramente ese momento. No estaba en el lugar, pero sus vecinos lo llamaron para informarle lo que estaba ocurriendo. Días atrás había recibido una visita para solicitarle que vendiera cinco de sus hectáreas que se requerían para la instalación de una antena de RNV porque el terreno en el que estaba había sido inundado por el Lago de Valencia, pero él les dijo que no porque, además, ya había registrado en 2005 ante la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop) la cooperativa «Agro-Turística Güigüe 020” en la que trabajarían sus sobrinos.
Eran más de 100 personas las que estaban en su propiedad y ocasionaron graves daños. “Sacaron tuberías, tumbaron caballerizas y una casa… Tenían un contrato de comodato chimbo hecho en Chacao, notariado allá, y registrado aquí, lamentablemente, sin que el registrador se diera cuenta que no tenía ni las coordenadas correctas”.
Tortoza aseguró que, posteriormente, el director de Sunacoop en Carabobo para ese momento, Silfredo Moreno Pérez, renunció a ese cargo para encargarse de Vuelvan Caras, cuyo logo pusieron en varios árboles de la finca durante la toma ilegal.
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En el documento de comodato entregado al INTI, se calificaron las tierras de Tortoza como baldías del estado, aunque él tiene certificación de propiedad emitida en 1998 cuando compró esas hectáreas. “Y cinco órganos lo han avalado: Registro Municipal, Tribunal, Fiscalía 13 de Salvaguarda de Carabobo, Consejo Legislativo de Carabobo y Asamblea Nacional«.
El camino truncado de la justicia
Tortosa ha luchado desde el primer día de la invasión y confiscación sus tierras de las que dependía económicamente. Él asegura que el comodato entregado a RNV en 2006 es ilegal al comprobarse, mediante el tracto sucesivo, que la misma nación vendió esos terrenos en 1957, con autorización del extinto Congreso Nacional, a través de un procedimiento denominado desprendimiento legal.
“El registrador de Carlos Arvelo reconoció su error al firmar ese contrato y ofició al presidente del INTI y al coordinador del mismo instituto en Carabobo, pero no me recibieron”.
Luego fue a la sede de la Defensoría del Pueblo en la entidad y entregó en dos oportunidades, en agosto y septiembre de 2006, un oficio denunciando la situación, pero no le recibieron el tercero para implementar el mandato de conducción, “ya que la medida afectaba a RNV, entidad que se benefició de ese abuso descomunal del gobierno nacional contra un ciudadano sin apoyo político”.
Al ver cómo le cerraban las puertas en Carabobo, fue a la Defensoría del Pueblo en Caracas y entregó correspondencia a quien dirigía la institución, Germán Mundaraín, pero no obtuvo respuesta.
Cuando la defensoría fue asumida por Gabriela Ramírez, en 2007, volvió a insistir. “Pero ella también violó mis derechos fundamentales al responder en un oficio que el responsable de todo era el INTI. La complicidad era evidente porque la coordinadora del INTI, Dulce Curiel, había declarado públicamente que el presidente Hugo Chávez necesitaba esas tierras para instalar la antena de RNV”.
Ante lo que Tortoza denomina la negligencia de los organismos del estado, acudió al Consejo Legislativo de Carabobo, donde fueron citados los coordinadores del INTI, Dulce Curiel y George Tahán, pero ninguno asistió a la plenaria convocada, pese a que ambos estaban en Valencia.
RNV sí atendió al llamado. Enviaron desde Caracas a la abogada Noris Alvarado, quien se comprometió ante los diputados a regresar con una propuesta de solución, pero eso fue solo “un saludo a la bandera”.
Lo siguiente que Tortoza hizo fue visitar la procuraduría, donde le dijeron que no podían de ocuparse de invasiones porque era un delito común, por lo que debía acudir a la fiscalía general.
“Al día siguiente, en una nueva peregrinación a la capital, acudí ante la directora de delitos comunes de la fiscalía, quien me contestó por escrito algo insólito en una nueva violación a mis derechos al decirme que ellos no eran competentes para investigar al INTI y a RNV”.
Lleno de frustraciones fue a las oficinas de la ONG Provea en Caracas, donde lo remitieron al organismo de defensa de los derechos humanos de la Universidad de Carabobo (Codecciuc) cuyos representantes, al ver la gravedad de la situación, entregaron un oficio a la fiscal superior de Carabobo para el que no hubo respuesta, por lo que el director de Codecciuc de ese momento, Pedro Villarroel, dirigió una correspondencia a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las diligencias no cesaban para Tortoza. Llevó una comunicación a Miraflores dirigida al expresidente Hugo Chávez y, luego, un telegrama certificado. Hizo lo propio con el entonces vicepresidente de la república, José Vicente Rangel. Posteriormente, Esteban Orasma Rivero, afectado con la hectárea que compró su padre a Tortoza en 2006, mandó telegrama certificado al presidente Nicolás Maduro y al vicepresidente Jorge Arreaza. Ninguna de esas comunicaciones tuvo respuesta.
También se comunicó con varios funcionarios de Radio Nacional de Venezuela (RNV), y acudió a sus oficinas en Caracas, así como al despacho de quien era fiscal general, Luisa Ortega Díaz y solicitó una audiencia que no se le concedió, por lo que envío una carta a su consultora jurídica quien le contestó que acudiera a la oficina de lo contencioso administrativo donde no hicieron nada por su caso ya que no existía ninguna medida del estado ni juicio.
“Ante tantas evidentes violaciones a mis derechos fundamentales no me quedó más remedio que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, donde el embajador Salvador Rodezno, representante de la Secretaría General de la OEA en Venezuela para ese entonces, me dijo que no podía involucrarse en problemas domésticos, sino en situaciones políticas entre el organismo que representaba y Venezuela. Pero, al leer los documentos que le llevé se comprometió conmigo a enviarlos por valija diplomática a Washinton, lo que provocó una queja de la cancillería y fue obligado a devolverme los papeles para, unos meses después, ser sacado del cargo”.
Con copia certificada de su propiedad, emitida por el registro del municipio Carlos Arvelo, Tortoza fue a las oficinas de catastro de la alcaldía, donde se enteró que sus documentos, planos, coordenadas y planillas de registro habían sido destruidos para inscribir a RNV como el nuevo propietario.
Aunque tenía los documentos originales firmados por catastro e ingeniería municipal, la directora de esa oficina se negó a darle la carta catastral con el alegato de que no podía emitirla que existía otra a nombre de RNV sobre el mismo terreno. “Yo registré en 1998 legalmente, y ellos en 2006 con el argumento de que eran tierras baldías del estado… todavía el INTI no ha contestado ni lo hará nunca porque no tienen cómo justificar ese artero despojo”.
17 años de lucha estéril
En 2013 fueron sancionadas las cooperativas que ocupaban las tierras de Tortorza, en una medida que fue ratificada en 2014 con una multa de 450 unidades, y se les ordenó un plan de recuperación de su propiedad que no cumplieron.
Pero eso no significó la devolución de la finca, sino que el abuso continuó con la entrega de un título de adjudicación socialista agrario y carta de registro a Carlos Paredes, “un seguidor del oficialismo a quien premiaron por sus votos”.
Se trata de un documento con coordenadas totalmente diferentes a las reales, y que se entregó sin que haya sido revocado el comodato a RNV. Además, el registrador de Carlos Arvelo, Ramón Oria Coronel, hasta en cuatro oportunidades ha enviado, tanto a la presidencia del INTI, la coordinación del INTI en Carabobo, y los ministros de Agricultura y Tierra y Ambiente, la respectiva propiedad con el tracto sucesivo desde que lo vendió la misma nación, el doctor Ramón Pinto Salvatierra, presidente del IAN, en 1957.
Hasta la fecha el caso está sin acto conclusivo por lo que no existe acción legal que le permita a Tortoza recuperar sus tierras.
El camino de la precarización
En Carlos Arvelo, municipio ubicado al sureste de Valencia, muchas cosas han cambiado. No solo los pasos de Tortoza en el camino de tierra del sector Boca de Río parece que
gritaran, lo hacen los de todos que transitan por el lugar donde ya no hay entrada y salida de vehículos de carga ni las cosechas de las que vivía la mayoría, y cuyas incidencias fueron reseñadas por décadas en El Carabobeño.
Solo algunas plantaciones de caña se mantienen, pero a baja capacidad productiva, y que van directo a centrales azucareros como El Palmar, en San Mateo, estado Aragua. Y es tan poca la siembra de árboles frutales que se destinan para el consumo familiar.
“Antiguamente, este era un emporio de riqueza y por eso lo llamaban el granero de Carabobo, hoy en día vemos la carretera llena de huecos y de gran cantidad de basura”.
Carlos Arvelo es una localidad que se siente en retroceso. Ya no cuenta ni con la carretera construida hace 30 años para conectar a Valencia y Güigüe, ya que las aguas del Lago de Valencia prácticamente la borraron del mapa, debido a que no se ha resuelto el problema de las descargas de aguas servidas de Aragua y Carabobo hacia su cuenca, por lo que sigue creciendo y no tiene una forma natural de detener ese aumento en su nivel por tratarse de una cuenca endorreica.
Tortoza, como todos los habitantes del municipio, solo esperan que se vuelva a escribir la historia de productividad y progreso en el lugar. Él sueña con que no siga pasando el tiempo sin que se haga realidad la recuperación, de Carlos Arvelo y de su finca. Ya tiene 80 años y una serie de patologías como hiperplasia benigna de próstata, distensión de la vejiga que le provoca incontinencia urinaria y temblor esencial. Desde hace siete años requiere una intervención quirúrgica que no se ha podido practicar porque, con el despojo de su propiedad, solo cuenta con la pensión que utiliza para comer.
Aún así, su paso sigue apurado, sonando con fuerza hasta que por fin sea escuchado y se haga justicia.
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