El Foro Cívico de Venezuela, que agrupa a 690 organizaciones y 194 actores de la sociedad civil, instó este viernes a la sociedad civil a «incrementar» la contraloría social sobre las acciones del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyas autoridades fueron electas la semana pasada por el Parlamento, aunque no sugirió ninguna fórmula para llevarla a cabo.
En un comunicado, la agrupación cuestionó «la práctica naturalizada por los actores políticos de cuotas partidistas en el criterio de selección» de los rectores del ente electoral, y aseguró que, ante estas «falencias», se «hace necesario que la ciudadanía profundice la contraloría social sobre el accionar de esa nueva autoridad electoral».
Además, remarcó la necesidad de que también los actores políticos «extremen la vigilancia» sobre el funcionamiento de este órgano y que la comunidad internacional «mantenga e incremente» su veeduría para garantizar que los procesos electorales de Venezuela «se atengan a los estándares democráticos internacionales», una observación que solo se puede dar previa invitación del Gobierno.
Garantías clave
En el escrito, el Foro Cívico pidió a las nuevas autoridades del CNE garantizar el «cabal cumplimiento» de las normas electorales», la actualización del Registro Electoral y el derecho al sufragio de los venezolanos en el exterior.
También resaltó la importancia de que las autoridades recién elegidas aseguren la participación de observadores nacionales e internacionales en los comicios futuros que se celebren en Venezuela, entre los que están los presidenciales, previstos para 2024.
Esta organización se comprometió a trabajar por «la restauración plena de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, invitando al pueblo de Venezuela a reafirmar decididamente su compromiso con la participación electoral».
Los nuevos miembros del CNE fueron elegidos entre 104 candidatos, de los que salió el quinteto formado por los chavistas Elvis Amoroso, Rosalba Gil y Carlos Quintero, y los opositores Aime Nogal y Juan del Pino.
Varios opositores cuestionaron la elección del nuevo ente, que se encargará de organizar las elecciones previstas para los próximos siete años y cuya presidencia quedó a cargo de Amoroso, un defensor de la llamada revolución bolivariana que fue diputado con el apoyo del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
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