La organización chilena de derechos humanos Espacio de Memorias Londres 38 envió este martes una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las reiteradas negativas del jefe de Carabineros para declarar en causas vinculadas a la ola de protestas de 2019.
Solicitamos que se requiera desde la CIDH al Estado chileno para que informe detalladamente las razones jurídicas que justifican que una autoridad estatal no concurra a declarar en una investigación que, además de buscar establecer responsabilidades del Alto Mando de Carabineros, busca determinar la existencia de patrones represivos en el contexto de la protesta social, señala la misiva.
El Ministerio Público de Chile citó en agosto pasado al general director de Carabineros, Ricardo Yañez, como imputado por eventuales delitos contra los derechos humanos cometidos por la Policía durante el estallido social de 2019.
La investigación, hoy en manos de la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, fiscal Ximena Chong, comenzó en 2019 en Valparaíso y puso el foco en el actual jefe de Carabineros por su rol como director de Orden y Seguridad al momento de estallar las masivas movilizaciones en el país.
Policía chilena
“De igual forma, se solicita se individualicen las medidas concretas adoptadas por las autoridades de gobierno, superiores del General Director, para instruir que en su calidad de agente estatal concurra a rendir testimonio ante el Ministerio Público”, agregó Londres 38.
La organización apunta que la investigación judicial busca determinar la responsabilidad del Alto Mando de la Policía militarizada chilena “por ordenar y consentir la aplicación de apremios ilegítimos mediante la coordinación e instrucción de operativos policiales a nivel nacional”.
A su vez, “por haber omitido impedir o hacer cesar los apremios ilegítimos aplicados por sus subordinados en el contexto de las manifestaciones sociales iniciadas el 18 de octubre de 2019, circunstancia posibilitada por el sistema de comunicación centralizado de la institución, el cual les permitía adoptar decisiones de forma directa e inmediata sobre los procedimientos adoptados por sus subalternos en terreno, así como al interior de los recintos policiales”.
Londres 38 recopiló datos que arrojan al menos 10 mil 796 denuncias penales entre octubre de 2019 y julio de 2021 por violencia institucional, consistentes en denuncias de homicidio, mutilaciones, torturas, apremios y otros graves ilícitos.
«La declaración del general Ricardo Yáñez Reveco, es crucial para el éxito de la investigación no solo por su actual calidad de General Director, sino porque adicionalmente a la fecha de los hechos investigados se desempeñaba como director nacional de Orden y Seguridad, momentos en los que sostuvo que llevaba la consolidación de todos los eventos relevantes a nivel nacional», enfatiza la organización.
Crisis social
Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó como una protesta contra el alza en el precio del billete de metro y se convirtió en un clamor por un modelo económico más justo y más derechos sociales.
Las revueltas dejaron más de una treintena de muertos y miles de heridos, señalamientos por violaciones generalizadas a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad por parte de Naciones Unidas y Human Rights Watch, además de episodios de violencia que llevaron a la Fiscalía a abrir más de 5.000 causas por delitos cometidos en las marchas.
Para encausar el descontento social por la vía institucional, políticos de todos los sectores acordaron un proceso constituyente para dejar atrás la carta magna escrita en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y reformada luego parcialmente en 2005.
A la fecha, tras el rechazo de la nueva ley fundamental redactada por un órgano electo en septiembre pasado con más de un 60% de los votos, el proceso constituyente vive una nueva etapa y descansa en manos del Congreso, que acordó un órgano mixto con convencionales electos y expertos que redactarán la nueva carta magna.
