Muchos aspectos en contra y pocos a favor tiene el comercio en Venezuela. Y se suma uno más a la lista con la regulación del servicio delivery anunciada por el Ejecutivo, con lo que queda restringida uno de los servicios que ofrecía el sector para captar más clientes.
Lo poco que se sabe al respecto es una traba más para las ventas que tienen más de un año deprimidas.
Los prestadores del servicio tendrán que pagar 300 dólares y una anualidad de 240 adicionales., “Eso hace que esa oferta del sector comercio y de los servicios para captar clientes y consumidores queda minimizada porque, si tengo que pagar 540 dólares para tener a alguien que ofrezca delivery y, encima, el consumidor va a tener que pagar el 1% es una distorsión, parece que le ponemos lastres o anclas a la economía, más de las que tenemos con el tema de las sanciones”, expresó el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Ernesto Abbas.
La medida fue publicada en la gaceta N° 42.813 del pasado 5 de febrero y establece que el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) se encargará de controlar las operaciones de entregas a domicilio en el país. Se incluye a los deliverys a través de plataformas digitales, redes sociales, postales y comerciales.
Abbas cuestionó que, además, la empresa que hace el delivery pasa a hacer recaudador y a cumplir funciones que le competen al Estado, al tener que retener el dinero y enterarlo.
Nudos críticos del comercio
Son diversos los problemas a los que se enfrenta el comercio cuyo 93% en Valencia, aseguró en encuesta realizada por la cámara que los agrupa, que las ventas el año pasado no fueron las esperadas y que, durante lo que va de 2024, se han reducido aún más.
Esto evidencia el bajo poder adquisitivo de la población que, aunque tenga muchas opciones, no tiene cómo comprar ni siquiera con las alternativas de crédito que en algunos negocios se han abierto.
A esto se suman inconvenientes como las fallas en los servicios públicos como la electricidad. “No podemos desarrollar el país con este problema”, aseguró Abbas, quien dijo que desde el sector se propone la construcción de un plan de recuperación del sistema eléctrico basado en la modernización y ampliación de la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, que debe conocer el país para exigir el cumplimiento del mismo.
“También sabemos que Corpoelec tiene un plan de administración de carga, o como lo conocemos nosotros, racionamientos, es importante conocer ese cronograma, debemos saber cuándo vamos a tener energía y cuándo no”.
El problema tributario
Otro aspecto que han analizado es el tributario. Los comercios retienen el 75% del IVA en cada una unas de las compras que hacen a otras empresas y lo entera al Estado, en ese proceso las van perdiendo flujo de caja porque es más la retención que lo que pueden compensar en las ventas, al tener solo un 25% cobrado en efectivo para la compensación.
“Se paga al Seniat y eso se recupera dentro ocho, 11 meses o más, además de lo que implica en devaluación de ese dinero, por eso proponemos que la retención baje del 75% al 50%, para que las empresas puedan recuperar ese flujo de caja ante la ausencia de créditos”.
El Impuesto a las Grandes Transacciones Financiaras (IGTF) sigue siendo un gran inconveniente. No puede ser deducido como gasto en la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), lo que implica que se paga dos veces, cuando lo descuentan y, como no se puede restar de ventas brutas, se vuelve a pagar porque no es considerado una utilidad.
“En ese sentido tenemos una doble tributación, eso repercute de manera negativa no solo en los comercios sino en el consumidor que pierde 3% de su poder adquisitivo, si tenía 100 dólares ahora solo tiene 97”.
Por eso proponen que se baje ese importe para que el consumidor recupere el poder adquisitivo “ya que la política salarial no lo logra construir”. Otra sugerencia que hacen es que se regule y supervise que los tributos de los estados y municipios establecidos dentro de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias se cumpla.
“También creemos que la recuperación del crecimiento económico transita por generar mecanismos que permitan mejorar el crédito, si todo el mundo pudiese reactivar a una tarjeta de crédito al equivalente en bolívares de 50 o 100 dólares, se tendría ese dinero disponible para la compra, pero esto debe estar ligado a una política nacional para mejorar el salario y el poder adquisitivo, nada hacemos con créditos si no lo podemos pagar”.
Todas esas propuestas serán llevadas a instancias con las que se han reunido como la Secretaría de Producción y Turismo de Carabobo, el Ministerio para la Industria, y el Ministerio para el Comercio. “Lo único que pretendemos es asumir nuestra responsabilidad como sector que agrupa al comercio en Valencia de ser voz de lo que hemos evaluado para mejorar la economía de país y llamar la atención de que tiene que haber un gran acuerdo nacional, no es por una sola vía, es sociedad civil, gobierno nacional, legislativo, gobierno regional, municipales, de todos los sectores, sin confianza esto es difícil llevarlo adelante”.
