Según el abogado penalista y exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, el Estado no ha sido transparente al emitir información sobre la muerte de Juan Almeida. Después de ser detenido por la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, no se tienen datos específicos del deceso del hombre conocido como el hacker N33.
Mundaray señaló que las autoridades gubernamentales aún no han aclarado las razones por las que Almeida estaba en su casa y no en un hospital cuando murió. También comentó sobre el desconocimiento que se tiene sobre el traslado del cuerpo a la morgue o de quién firmó el acta de defunción que certifica la verdadera causa de muerte.
“Si él tenía un médico tratante, que lo haya diagnosticado, este sería quien firma el acta de defunción; si hubiese muerto en un hospital, la responsabilidad recae en el médico de guardia. Si no hay un especialista que firme, el ente encargado sería medicina legal. Un Estado responsable, que siga el Protocolo de Minnesota de la ONU, sabe que este deceso debe investigarse como una muerte potencialmente ilícita”, agregó.
Exfiscal Zair Mundaray
El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, hizo el anuncio del deceso el 16 de mayo de 2023 en su cuenta de Twitter.
Saab informó que Almeida Morgado, de 34 años, murió en su residencia en Palo Negro, estado Aragua, tras complicarse por una cirrosis hepática. Aseguró que se encontraba en su casa luego de que se le otorgara una “medida humanitaria de arresto domiciliario”.
Mundaray dijo que no se le dio una “medida humanitaria” como lo expuso Saab. Debido a que las medidas humanitarias las aprueban los jueces en materia de ejecución.
Aclaró que lo que tenía Almeida, era una medida cautelar sustitutiva de libertad para sujetarlo al proceso de investigación. Es decir, se le sustituyó la prisión por arresto domiciliario.
“A Juan lo presentan en un recinto hospitalario; pero como reina la opacidad no se saben las razones por las que fue llevado directo a un centro de salud para su audiencia, menos hay información previa de que tuviera una afección de salud que lo hiciera beneficiario de una medida cautelar. Si se hace un seguimiento en redes, se percibe que Almeida tenía exposición pública con apoyo al Gobierno y en eventos sociales. Incluso, antes de ser detenida una persona, se le hace un estudio de reconocimiento médico-legal para verificar que sufrió lesiones previas al arresto o si tiene una patología para salvaguardar la responsabilidad del Estado, pero esto no se hace”, explica Mundaray.
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