Gerencia en Acción
“La restricción de acceso a internet a través de mecanismos como la desinversión en infraestructura, que ocurre en Venezuela al menos desde 2011, es una política de control de la información. Explícita en el Plan de la Patria” E. Avendaño Periodista de Investigación /El Nacional
En el último reporte de la organización no gubernamental estadounidense “Libertad en la red 2018: el auge del autoritarismo digital” (Freedom House) difundido el pasado 1 de noviembre, Venezuela calificó como un país con Internet “no libre” adquiriendo un puntaje de 66 puntos en el ranking de libertad de Internet
China figuró como el “peor abusador” a nivel mundial alcanzando 88 puntos sobre 100, siendo este último la calificación máxima de no libertad, seguido por Irán y Siria con puntajes de 85 y 83, respectivamente.
El informe sobre libertad en línea también determinó que Venezuela es uno de los países con mayor restricción de libertades en Internet desde 2013. “Los servicios de telecomunicaciones continuaron deteriorándose debido a la profundización de la crisis económica puesto que los usuarios experimentan fallas seguidas y apagones. En noviembre de 2017, los proveedores de servicios de Internet pudieron incrementar sus tarifas, pero estas siguieron siendo insuficientes para cubrir sus demandas”, indicó el texto.
También señaló que las redes sociales, apps de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y contenido político y social fueron bloqueados, a pesar de que el país tenga un Internet de 60%. Por otro lado, durante el período del estudio, entre junio de 2016 y 2017, blogueros y usuarios fueron arrestados.
Según Freedom House, en Venezuela se presentan obstáculos para tener acceso a Internet, sumando 20 de 25 puntos en este indicador, límites de contenido, con 19 de 35 y violaciones a los derechos de los usuarios con 27 de 40. El informe concluyó en que la propaganda y la desinformación deterioraron el ámbito digital, además de destacar que China no sólo se volvió más audaz con el control de acceso al Internet, sino que exporta ese conocimiento.
“La libertad global de Internet disminuyó por octavo año consecutivo en 2018″, señala el reporte de Freedom House. Advierte también que un grupo de países se está moviendo hacia “el autoritarismo digital” del modelo chino de censura y sistemas automatizados de vigilancia.
La libertad de Internet de Venezuela se deterioró aún más durante el año pasado debido a la disminución de la conectividad a la multimalla, la censura en línea más audaz y las represalias contra los reporteros de noticias más importantes y los usuarios de las redes sociales.
Los cambios políticos dirigidos a fortalecer el gobierno en el poder, como la instalación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 2017, fueron acompañados por nuevas leyes que restringen la libertad de expresión y la privacidad.
La Ley contra el Odio por la Paz, la Convivencia y la Tolerancia (Ley contra el Odio) impuso duras penas de prisión de hasta veinte años por incitar al odio, incluso en las redes sociales. Un reglamento emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) amplió los requisitos de registro para los usuarios de teléfonos fijos y móviles, obligando a los operadores a mantener un registro de los datos de los usuarios y proporcionarlos a los agentes de seguridad del estado que lo soliciten, sin una orden.
En el período previo a las elecciones presidenciales de mayo de 2018, las sospechas rodearon la implementación masiva de “Carnet de la Patria” (La Tarjeta de la Patria), un documento de identificación electrónica para canalizar la ayuda social, como declaraciones de funcionarios del gobierno (incluido el Presidente) implicaba que los datos recopilados a través del sistema se utilizarían para monitorear y presionar a los votantes. El portal dedicado “patria.org.ve” se convirtió en el quinto sitio más consultado en Venezuela, según ALEXA (investigación de palabras clave, análisis competitivo y clasificación de sitios web) y un estudio mostró que la cuenta de Twitter @CarnetDLaPatria se usó como un canal para promover la candidatura oficial.
El deterioro y la baja calidad de los servicios de telecomunicaciones continuaron limitando severamente el acceso amplio e ilimitado a Internet en Venezuela. Las medidas proactivas para limitar el acceso a sitios críticos para el gobierno también han impactado la esfera en línea: los sitios web continuaron siendo bloqueados selectivamente durante eventos específicos y los medios digitales independientes y las cuentas de redes sociales continuaron experimentando ataques cibernéticos frecuentes.
Los reporteros de los medios digitales con frecuencia enfrentaron amenazas, ataques, detenciones arbitrarias y el robo y confiscación de sus equipos mientras cubrían eventos políticos o protestas. Tres editores y un periodista del sitio web de investigación Armando.Info abandonaron el país luego de recibir amenazas y ser demandados por publicar un informe que reveló un caso de corrupción.
Braulio Jatar, editor del sitio web de noticias Confidential Report, fue secuestrado en septiembre de 2016 y permaneció bajo arresto domiciliario desde mayo de 2017. Aunque dos usuarios de Twitter encarcelados desde 2014 fueron liberados con medidas de precaución, este tipo de detención arbitraria continúa.
La crisis económica de Venezuela, marcada por los controles de moneda extranjera y la hiperinflación, ha obstaculizado la infraestructura de telecomunicaciones del país y la calidad del acceso a Internet. La adopción de de esta herramienta en el país prácticamente se ha estancado durante los últimos cuatro años.
El régimen ha tratado de expandir su influencia en línea, utilizando medios controlados por el estado y arengas gubernamentales, y alentando a los usuarios leales de las redes sociales a acosar a aquéllos con puntos de vista opuestos. Los medios de comunicación del gobierno también han publicado información falsa para desacreditar a los medios digitales independientes así como a las ONGs que defienden la libertad de expresión. Con un gran número de usuarios politizados, se han utilizado con frecuencia para difundir la desinformación y controlar la cantidad de contenido en los medios digitales.
Lo que se ve acontecer en el servicio de Internet en Venezuela hace pensar que hay quienes temen lo que por ahí circula y cabe preguntar: ¿por qué?, pues se está limitando o coartando la libertad de expresión garantizada en la Constitución Nacional de 1999… ¿o no?
