Para Douglas Gómez, el 34° aniversario de la insurrección popular conocida como El Caracazo no puede ser por estos días, un mero recordatorio en la lista de efemérides del mes, sino un elemento clave para el análisis de la tragedia contemporánea que vivimos, agravada por el agotamiento del modelo rentista, las llamadas sanciones imperialistas y la deriva neoliberal del gobierno de Nicolás Maduro.
El coordinador regional del PCV sostiene que el 27 de febrero de 1989 fue un punto de inflexión que puso en evidencia el quiebre definitivo del desarrollo por sustitución de importaciones que impuso el Pacto de Punto Fijo como política de acumulación.
Apuntó que El “Paquetazo” del Fondo Monetario Internacional fue la gota que derramó el vaso; el pueblo salió a las calles y supo lo que es capaz de hacer la burguesía cuando peligran sus intereses de clase.
El 27-F también evidenció la necesidad de la organización popular y de un instrumento político revolucionario como condiciones necesarias para que el descontento se convierta en fuerza transformadora.
Refirió que hoy, más de tres décadas después de aquellos sucesos, el pueblo venezolano enfrenta un nuevo pacto de élites con su respectivo paquetazo, que es presentado otra vez como una promesa de salvación; pero lo cierto es que los ciudadanos asisten a la capitulación del gobierno de Nicolás Maduro, que compite codo a codo con los partidos de la derecha para demostrarle al capital privado nacional y extranjero, pero fundamentalmente al estadounidense, que es una garantía para sus intereses en Venezuela.
En su opinión, el gobierno de la cúpula socialdemócrata del Psuv, se ha convertido en el gendarme que demandaba el capital para imponer el programa de ajuste antipopular.
“La deriva neoliberal del gobierno va acompañada del desmontaje del Estado de derecho y de una intensificación de los rasgos autoritarios que centran su mira en la persecución de la crítica, la judicialización de las protestas, y los ataques contra el Partido Comunista de Venezuela, incluyendo amenazas de intervención administrativa o judicial y hostigamiento contra sus militantes”.
Entretanto, los trabajadores de la educación y otros sectores de la administración pública nacional permanecen en las calles porque se niegan a ser menos que esclavos y reclaman salario digno ya.
“La movilización de masas debe conducir a la construcción de experiencias genuinas de unidad de acción; allí está la garantía de victoria en la lucha por el derecho a vivir con dignidad”.
Con nota de prensa
