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Por Laura Clisánchez

Durante las incursiones militares de noviembre e inicios de diciembre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reportó vía redes sociales el hallazgo de cuatro fosas comunes en zonas mineras del estado Bolívar. Aseguran que hallaron las osamentas humanas en lugares controlados por el grupo delincuencial Las 3R.

Es la primera vez -desde la masacre de Tumeremo ocurrida en 2016- que algún órgano del Estado admite la existencia de fosas comunes en este territorio que es, además, una Zona de Desarrollo Estratégico con la presencia de al menos seis cuerpos policiales y militares diferentes, y donde, paradójicamente, grupos armados impusieron su propio sistema de gobierno paralelo, reseña Correo del Caroní.

Hasta el momento, el Ministerio Público -que es el órgano competente para la investigación y acción penal de todo hecho punible- no ha ofrecido declaraciones oficiales sobre el avance de las averiguaciones, la ubicación exacta de las fosas y la cantidad de cadáveres encontrados en un territorio minero que acumula más de 151 desaparecidos desde 2012 hasta agosto de 2022, según el último balance independiente de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) en alianza con Correo del Caroní.

Más de cuatro masacres, más de 90 desaparecidos, líderes indígenas asesinados, pueblos desplazados y más de 3.500 mujeres víctimas de explotación sexual y laboral, son algunos de los elementos que componen un patrón de violencia inherente a la explotación de minerales al sur del Orinoco, fortalecida tras la imposición del decreto del Arco Minero del Orinoco (AMO).

Acciones orientadas al alcance de la justicia, reparación y garantías de no repetición

“Impera no solo que el Estado se pronuncie desde los órganos competentes (Ministerio Público) sino que ese pronunciamiento tenga una propuesta de qué va a suceder en función de estos hallazgos”, declaró Eumelis Moya, abogada y coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana, en entrevista con Correo del Caroní.

Moya resalta que la actuación del Estado no debe quedarse solo en develar una situación que ya es ampliamente conocida, y denunciada por los pueblos mineros desde hace más de cuatro años. Sino que el pronunciamiento debe estar acompañado de una propuesta que garantice la investigación, reparación de las víctimas y la garantía de no repetición de estos hechos.

De los hallazgos, y de los operativos militares Roraima y Autana 2022 surgen preguntas que hasta el momento no tienen respuesta: ¿Quién ocasionó estas muertes? ¿Por qué este grupo armado tiene tanto poder en una zona custodiada por el Estado? ¿Por cuánto tiempo este grupo armado (Las 3R) ha tenido el poder en Sifontes? ¿Cómo un grupo armado establece un sistema de gobierno paralelo al del Estado en una zona de seguridad y desarrollo estratégico?

El Ministerio Público está en la obligación constitucional de abrir una línea de investigación amplia para determinar muertes potencialmente ilícitas, desapariciones forzadas y demás delitos que impliquen o no la participación directa de funcionarios del Estado involucrados, tal como lo establece también el Protocolo de Minnesota sobre muertes potencialmente ilícitas.

Ronnie Boquier, abogado y coordinador del área jurídica de la ONG Cofavic, declaró en entrevista con Correo del Caroní que los familiares de estas personas que están ahí enterradas no son los únicos afectados. “Es la sociedad entera la que necesita respuestas. ¿Por qué hay fosas comunes en el sur? Se debe llegar a la verdad”, dijo.

“Es probable que estas personas fueron ejecutadas de manera arbitraria, y se tienen que aplicar los protocolos necesarios para determinar la manera en que murieron y quiénes fueron los responsables de estos hechos”, agregó.

Una deuda que el Estado no ha saldado

El reciente hallazgo también pone sobre la mesa un tema que fue archivado por el Estado, que aún debe justicia y reparación para las víctimas y sus familiares: la masacre de Tumeremo, ocurrida en 2016.

Una disputa entre sindicatos mineros por el control de la mina Atenas, ubicada en el municipio Sifontes, provocó la retención temporal de más de 400 personas en la zona y el asesinato de más de una decena en marzo de 2016. El Estado reconoció sólo 17 cadáveres aunque pobladores aseguraron que al menos 28 mineros fueron asesinados y lanzados a una fosa común.

De acuerdo con el informe levantado por Cofavic en ese entonces, algunos afectados testificaron que, aunque les fueron devueltos los restos de una persona, no se les permitió verificar si era su familiar. En otros casos, a los dolientes no se les permitió acceder a los restos de sus parientes, ni tampoco velarlos o enterrarlos.

En ese entonces, el Estado emprendió procesos de identificación y reconocimiento de cadáveres en menos de 24 horas. “Los procesos quedaron en un limbo, no se sabe qué pasó con los responsables, y quiénes actuaron. Los procedimientos no fueron claros, ni confiables”, declaró Boquier.

Para el especialista, lo primero que hay que establecer es que el Estado ya tiene una deuda que solo crece. Lo segundo, es que además de que los órganos competentes deben pronunciarse al respecto, también deben informar sobre el curso de las averiguaciones, que deben ser, además, investigaciones concluyentes y efectivas, que permitan llegar a la verdad de lo sucedido, que permitan a las víctimas alcanzar justicia, reparación y que garanticen la no repetición de los hechos.

“El Estado debe cumplir con estándares internacionales. El Ministerio Público tiene que ser el encargado de estos procesos, porque es quien tiene la competencia para ejercer la investigación en materia penal. Estamos hablando de fosas comunes en las que puede estar involucrado el Estado, y puede haber violaciones a los derechos humanos”, declaró.

“No se piden conclusiones inmediatas, porque sabemos que son procesos investigativos, lo que se pide es que haya una investigación a cargo de la Fiscalía, que haya un proceso abierto”, aclaró el abogado.

Solución militar: A destiempo y alejada de la realidad de la población

Un despliegue militar con tanques de guerra y helicópteros sorprendió a la población de Tumeremo desde el viernes 28 de octubre de 2022. Vía redes sociales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó que se trataba de un operativo militar llamado Roraima 05-2022 y Autana 2022, que tiene como propósito “erradicar” la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, desmovilizar grupos armados irregulares y recuperar áreas naturales protegidas.

Desde entonces, los funcionarios desmantelan campamentos mineros que califican como ilegales y detienen a las personas sin reportar su paradero inmediato. Hasta el momento se desconoce la cantidad de apresados y por cuáles delitos.

No es la primera vez que ocurre un despliegue militar en las minas. Estos operativos suelen coincidir con el cambio de poder en la Gobernación del estado Bolívar, como la ocurrida durante el gobierno de Rangel Gómez, y posteriormente, con el de Justo Noguera Pietri.

Ninguno de estos intentos se tradujo en el control de la zona por parte del Estado o la desmovilización permanente de los grupos armados.

A pesar de los intentos ocasionales de desmantelar los grupos ilegales, existen claros indicios de que algunas autoridades políticas y militares están vinculadas, en distinto grado, con las redes criminales que controlan la producción y comercialización ilegal de oro en el Arco Minero y otras zonas mineras del estado Bolívar.

“Las alianzas entre las autoridades estatales y los grupos criminales han tendido a evolucionar con el tiempo”, concluyó la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas en su informe La situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar.

Sobre esto, Aiskel Andrade, directora del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Católica Andrés Bello extensión Guayana, expresó que la solución militar (como la empleada en el Plan Caura 2010) solo ha provocado el desplazamiento de los mineros a zonas no intervenidas militarmente, el aumento de la inseguridad y la delincuencia en territorios mineros.

“De hecho, los esfuerzos políticos y de inversión para controlar el sector han tenido el fracaso y la frustración como factor común”, dijo la especialista durante su exposición en las Conferencias Amazónicas realizadas en la casa de estudios.

Por otro lado, Eumelis Moya, abogada y coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana, resaltó que la operación militar es una participación tardía del Estado, a destiempo y desvinculada totalmente de la legalidad.

Explicó que el Estado no ha ofrecido una información única, ni apegada a la realidad del contexto, por cuanto los funcionarios detienen a las personas que trabajan en las minas ilegales y se les trata como cómplices de grupos armados, cuando es ampliamente conocido -y ratificado por la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas-, que son estos grupos delincuenciales quienes tienen el control de la extracción de oro, y por lo tanto, para trabajar ahí, los obreros -que frente a la emergencia humanitaria migran al sur de Bolívar para practicar la minería- deben contar con su permiso.

“Te dicen que están sacando a los malandros de las minas, pero están pagando justos por pecadores. Los mineros están siendo apresados y juzgados sin derecho a la defensa. Hablan de detenidos, pero ¿cuántos detenidos hay?, ¿dónde están?, ¿qué se les está imputando? No hemos tenido acceso a esa información”, inquirió.

“Lo que quisiera presentar como un logro, habla de la deuda que tiene el Estado con la gente, con la población. Hablan de paliar males, pero ¿por cuánto tiempo han estado estos grupos en el poder? ¿Por qué el Estado se está enterando de cosas que vienen ocurriendo desde hace más de cuatro años? ¿Cómo llegaron armas militares a manos de estos grupos?”, cuestionó la abogada.

Investigación del Correo del Caroní



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