Una forma bélica, con un componente que no busca disuadir manifestaciones y que viola todo protocolo, en especial los Derechos Humanos. Eso es el Plan Zamora para el activista Rafael Narváez.
Es un decreto, aprobado por Nicolás Maduro para mitigar las protestas del segundo semestre de 2017, que se confronta con la Constitución. Viola el artículo 68 que avala el derecho a la protesta.
El Plan Zamora violentó todo mecanismo democrático y pacífico, al utilizar armas de fuego y aplicar un uso excesivo de la fuerza. Su esencia está en la resolución 008610, del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, que autorizó el uso de armas de fuego si la vida de los uniformados corre peligro.
Del otro lado están los manifestantes. Según el defensor de Derechos Humanos, están indefensos. “Los palos y las piedras son materiales incapaces de hacer frente a armas tóxicas y de fuego”.
De fase en fase
Dos fases ha tenido el Plan Zamora. La verde, en cuya aplicación murieron más de 30 personas. En la roja, la cantidad fue mayor y además incluyó premios y aplausos de Maduro a todos los cuerpos represivos y al ministro Padrino López por su labor.
El abogado, con un doctorado en derecho penal, detalló que los objetivos de la represión aumentaron en abril. Ya no solo eran los jóvenes encapuchados entre 15 y 25 años, sino periodistas, personas en sus hogares y quienes sólo se dedicaron a mirar.
Narváez aludió al caso de “Los Verdes”, un conjunto de edificios en El Paraiso, en Caracas, como la representación de una represión desenfrenada, que atentó contra el derecho a la propiedad privada y a la seguridad personal. “Entraron con tanquetas, arremetieron contra las propiedades, hasta mascotas murieron. Este accionar no tiene nada que envidiarle a las bandas organizadas que operan en los barrios del país”.
El especialista está convencido de que el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) fue un aliño a las fuerzas represivas que llevaban varias semanas activas. Desde ese instante quedó acentuada la unificación de fuerzas: PNB, GNB, Sebin, DIEP y otros cuerpos.
Narváez lo sabe: “No son cubanos, son venezolanos formados en aquella escuela de suboficales que graduaron a todos en menos de dos años y los sacaron como perros rabiosos para contener a una población indefensa y sin poderes públicos que la protejan.
Distrito Capital, Lara, Bolívar, Mérida, Táchira y Carabobo fueron estados en los que la represión marcó un hito. Los responsables, para Narváez, son Nicolás Maduro, presidente de la República, por elaborar el decreto. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López por ejecutar el plan; Antonio Benavides Torres, por la GNB represiva, Fabio Zavarce del Core 5 y Nestor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz.
Todas las denuncias, los cientos de testimonios de las víctimas allanarán el camino en instancias internacionales para denunciar las violaciones de Derechos Humanos. Narváez lo dice. “El derecho ha evolucionado, no se necesitan pruebas físicas para comprobar hechos de tortura y agresión, los daños psicológicos son quizás más importantes y de igual modo detectables. Pueden ser penados hasta con 25 años de cárcel”.
La inquisición de los Derechos
Hablar de Plan Zamora es hablar de torturas, robo, violaciones y saña contra los manifestantes, aseveró Narváez. Sin miedo y con la certeza de tener pruebas en las manos acusó a los cuerpos represivos de utilizar cartuchos de perdigones que en su interior llevan clavos y metras, para causar un daño letal en las victimas.
La libertad debe ser respetada, las detenciones arbitrarias deben ser condenadas. Tras el inicio de las detenciones sin órdenes judiciales, que además precedieron a los allanamientos y dieron paso a los juicios militares a civiles, se incurre en la violación del derecho a la comunicación que es ejercida sobre los detenidos que permanecen aislados y alertas por el riesgo que corren.
La mayoría de los detenidos ronda entre 15 y 17 años, muchos enviados a prisiones con condiciona inadecuadas. El Helicoide, en Caracas, es uno de los mejores ejemplos. Cifras de organizaciones detallan que hay más de 350 reos en un reten diseñado para 80 personas. Destacó el caso de Wilmer Azuaje quien permanece encadenado a una escalera en un diminuto baño.
La Comisión de la Verdad aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente es, para Narvaez, una nueva fase del Plan Zamora, que ya tiene en su mira condenar a todo aquel que haya trancado calles y decidido salir a protestar.
Cada día que pasa, Narváez ve un panorama más oscuro en materia de Derechos Humanos. Sabe que aún quedan hechos por vivir y que cada vez se acrecentará el temor y la represión, pero admite que todo tiene su final.
