Torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual contra pueblos indígenas y atropellos contra la masa laboral que reclama sus derechos. Esta es la realidad de Venezuela que este martes, 4 de julio, está contenida en el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), el cual será presentado este miercoles, por el comisionado Volker Türk ante el Consejo de DDHH de la ONU.
El informe, elaborado por la misión internacional de determinación de los hechos entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023, reclama también el cierre de centros clandestinos manejados por organismos de inteligencia como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim ) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
El informe se basa en testimonios de víctimas y testigos y reuniones con funcionarios gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. También tiene en cuenta la información proporcionada por el Gobierno.
Minería, asesinatos, deforestación y trata de personas
El uso de mercurio y cianuro en la extracción de oro y otros metales apuntan a una grave contaminación del agua precisa el escrito. La minería se vinculó con asesinatos, mutilaciones, violencia sexual, formas contemporáneas de esclavitud, incluida la trata sexual y el trabajo infantil.
«La deforestación y la erosión del suelo ocasionarán para 2025 la pérdida de más de 1,3 millones de hectáreas de cubierta vegetal entre los bosques y las sabanas de Venezuela, como conecuencia de la extracción de recursos, los cultivos, los incendios forestales y la urbanización, incluso en los parques nacionales».
Violencia sexual contra mujeres y niñas indígenas
Los embarazos precoces, las complicaciones durante el embarazo y el parto, así como las enfermedades infecciosas amenazan la supervivencia de las mujeres y los niños indígenas, lo que se suma a la falta de alimentos.
Lee también: Devastación minera acaba con sustento de comunidades indígenas en Amazonas
Acnudh recibió denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas indígenas, en particular en zonas mineras de los estados Zulia, Bolívar y Amazonas, por parte de grupos armados dedicados al narcotráfico y la minería, disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y garimpeiros, mineros ilegales procedentes de Brasil, en el estado Amazonas. Otras denuncias indicaban trata de mujeres y niñas indígenas para su explotación sexual en zonas mineras o por miembros de grupos armados.
Torturas: Dgcim en primer lugar
De mayo a abril se documentaron 22 casos de personas que presuntamente fueron torturadas o sometidas a malos tratos en centros de detención entre 2018 y 2022. Estos últimos casos se suman a los 92 documentados anteriormente del mismo periodo. «Del total de 114 casos, 62 fueron atribuidos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y cinco al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Por temor y desconfianza en las instituciones, no en todos los casos hay denuncias».
Acnudh reiteró su recomendación de cerrar los centros de detención anteriormente administrados por los servicios de inteligencia y de velar por que los centros de detención cumplan las normas internacionales.
Aunque reconocen que 362 funcionarios públicas fueron procesados, 185 acusados y solo 47 condenados en casos de tortura y malos tratos, Acnudh supervisó al menos 91 denuncias formales de tortura presentadas a las autoridades por las víctimas, sin que haya información de que los responsables estén siendo juzgados.
Respecto a las investigaciones de muertes en las protestas de 2014 y 2019, persisten los atrasos. La comisión puso como ejemplo los casos de Robert Redman Orozco y José Alejandro Márquez. También alertó sobre los repetidos cambios de fiscales y múltiples aplazamientos de las audiencias, lo que provocó más retrasos.
Las fuerzas de seguridad
En cuanto a las investigaciones por muertes en el contexto de operativos de las fuerzas de seguridad, la situación no es diferente, pues las investigaciones en muchos casos siguen paralizadas. Persisten los tratos degradantes a familiares de fallecidos que exigen reparaciones.
El informe pide avances en las investigaciones en torno a las presuntas desapariciones forzadas del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos y Hugo Henrique Marino Salas, ya que han transcurrido más de cuatro años sin que se tenga información sobre su paradero.
El informe establece restricciones al derecho a la libertad de expresión, con el cierre de 16 emisoras de radio en todo el país, el bloqueo de 44 sitios web, incluidos 29 medios de comunicación nacionales, cuatro internacionales, tres de organizaciones de la sociedad civil, cinco servicios digitales en línea y tres servicios de privacidad. Estos bloqueos fueron llevados a cabo por proveedores de servicios de Internet (PSI) estatales y privados, sin orden formal ni notificaciones.
Espacio Público registró el cierre de al menos 284 emisoras de radio entre 2003 y 2022
También preocupa las presiones a las empresas de telecomunicaciones y la aplicación generalizada de la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia para criminalizar y deslegitimar la labor de defensores de los derechos humanos, periodistas y otras personas.
Inflación, devaluación y desigualdad
Acnudh apuntó que la inflación y la devaluación del bolívar obstaculizaron los niveles de ingresos y afectaron la calidad de vida. «Preocupan reportes de crecientes desigualdades, según los cuales la riqueza sigue concentrada en Caracas y en algunas zonas urbanas, dejando atrás a grandes porciones de la población rural».
Según el informe, los esfuerzos gubernamentales en materia de salud se diluyen en la escasez de insumos, de fondos y de personal. Aunado a ello, hay falta de alimentos y deficiencias en las asignaciones a las universidades, algunas de las cuales solo reciben entre el 1% y el 2% de su presupuesto anual asignado.
El escrito no dejó por fuera la intimidación, arrestos y detenciones de quienes denuncian deficiencias en el sistema de salud, el irrespeto al derecho de la protesta en especial de los dirigentes sindicales, 12 de los cuales fueron detenidos; y las amenazas de las fuerzas públicas a los trabajadores que reclamaban sus derechos. «El 24 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible un recurso presentado por un grupo de jubilados contra el instructivo Onapre, multó a cada jubilado con aproximadamente 50 dólares y declaró que debían determinarse posibles responsabilidades penales, disciplinarias, administrativas y/o civiles».
Acosado por la Dgcim y suspendido de su empleo trabajador de Corpoelec Zulia
La escasez de combustible que ha afectado las cosechas, la falta de financiamiento a pequeños productores, la expulsión de campesinos y agricultores de sus tierras, la extorsión por parte de grupos criminales, así como el asesinato y detención de dirigentes campesinos, serán también expuestos este miércoles en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, meridianos y vespertinos?
Únete a nuestro canal de Telegram
https://t.me/titularesec
O a nuestro grupo de whatsapp
https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b
Con gusto te los enviaremos
