La tortura en Siria. / Foto www. aa.com

La Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR, en inglés) afirmó hoy que al menos 15.281 personas murieron en el país árabe a causa de torturas o negligencia médica desde el inicio del conflicto armado en 2011, en la gran mayoría de los casos a manos de las fuerzas gubernamentales.

En un informe publicado con motivo del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, la ONG atribuyó al «régimen sirio» 15.039 de esos fallecimientos, incluidos los de 190 menores, y recordó que este es el actor del conflicto que más personas mantiene bajo detención o desaparición forzosa todavía en la actualidad.

La responsabilidad por el resto de muertes se distribuyen entre el grupo yihadista Estado Islámico (EI), con 32; la alianza islamista Organismo de Liberación del Levante, con 34;, la coalición armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD), con 94, o las facciones proturcas, con 53.

Palabras vacías

La SNHR calificó de «nada más que palabras vacías» una ley aprobada el pasado año para criminalizar la tortura en Siria, que establece por primera vez castigos específicos para quienes la perpetren y que la opinión pública no se tomó en serio debido a las acusaciones de tortura que planean sobre Damasco.

Asimismo, recordó que todo esto tiene lugar en medio del acercamiento que diversos países regionales realizan desde los terremotos del pasado febrero en Siria con el Gobierno del presidente, Bachar al Asad, hasta entonces repudiado por su brutal represión de las revueltas populares de 2011.

«Queremos que este informe muestre a esos y otros países que el régimen sirio aún practica los métodos más horrendos tortura contra mujeres, niños y todas las víctimas de detención arbitraria, que actualmente son aproximadamente 136.000», criticó el director de la ONG, Fadel Abdul Ghany, según la nota.

Hace apenas dos semanas, Canadá y Países Bajos presentaron una solicitud conjunta a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para iniciar procedimientos contra Siria por la presunta violación de la Convención contra la Tortura, ya que habría cometido desapariciones forzadas, violencia sexual o uso de armas químicas desde 2011.

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