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La Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN) considera que la detención de Ángel Zerpa, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia designado el 21 de julio, es una continuación del golpe contra el Poder Legislativo y la Constitución que ha perpetrado Nicolás Maduro y los órganos que le están servilmente subordinados.

La AN sostiene además, que el arresto forma parte de la agresión contra los derechos de los venezolanos que implica la supuesta Asamblea Nacional Constituyente, que pretende ser impuesta con el respaldo del uso de las armas, de la jurisdicción militar y de la negación de todas las expresiones genuinas de la soberanía popular.

Ángel Zerpa fue designado magistrado por el órgano competente para hacerlo, después de seguir el procedimiento constitucional y legal, con base en las postulaciones recibidas en el Comité de Postulaciones Judiciales y en el baremo que éste aplicó.

El Parlamento indica que sobre los restantes magistrados designados el 21 de julio pende la amenaza de sufrir privaciones ilegítimas de la libertad, pero resalta que la sentencia emitida por el TSJ el pasado viernes, es nula por haber sido suscrita mayoritariamente por magistrados cuya designación fue anulada por la Asamblea Nacional en julio de 2016 y que, adicionalmente, no podían pronunciarse en una causa en la que tienen evidente interés, al estar en entredicho su permanencia en el cargo y al ventilarse irregularidades de las que fueron cómplices durante el procedimiento fraudulentamente desarrollado en diciembre de 2015.

La Asamblea Nacional añade que se ha violado abiertamente el debido proceso y la independencia judicial, pues Zerpa y demás magistrados designados el 21 de julio de 2017 han sido condenados de antemano por el Presidente de la Sala Constitucional, desfigurando las garantías fundamentales del proceso penal, hasta tal punto que la Sala Constitucional llegó a adelantar la posibilidad de que los magistrados juramentados sean juzgados por tribunales militares.

Como Junta Directiva exige que los órganos del Estado se abstengan de llevar a cabo otras acciones contrarias a los derechos humanos, que generan responsabilidad personal incluso cuando median órdenes superiores (artículo 25 de la Constitución). También exige la actuación de la comunidad internacional frente a esta escalada represiva que desconoce completamente los derechos humanos y el Estado de Derecho.

Nota de prensa.




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