Varias organizaciones en favor de los derechos civiles presentaron este martes una moción para bloquear una sección de la ley migratoria SB 1718 de Florida, por considerar que es «inconstitucional, xenofóbica» y «criminaliza» a la comunidad inmigrante.
La moción que solicita una orden judicial que bloquee la sección 10 de la SB 1718 se añade a la demanda presentada en julio pasado por varios grupos legales, entre otros el Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su sección de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council.
En esta demanda, las organizaciones de derechos civiles argumentan que la SB 1718 «criminaliza inconstitucionalmente el acto de transportar a una amplia categoría de inmigrantes a Florida» que pueden haber ingresado ilegalmente en territorio estadounidense y no han sido «inspeccionados» por el gobierno federal.
Una categoría que «pone a miles de floridanos y residentes de otros estados, tanto ciudadanos como no ciudadanos, en riesgo de ser arrestados, acusados y procesados» por el «delito grave» de transportar a Florida a personas bajo una terminología «vagamente definida».
El caso se presentó en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas, incluidos ciudadanos estadounidenses y conductores y pasajeros indocumentados que viajan habitualmente dentro y fuera de Florida, contra el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis.
Ley inconstitucional
También se incluyen en la demanda la fiscal general de Florida, Ashley Moody; el fiscal estatal Nicholas B. Cox y las oficinas del fiscal general del estado para los 20 circuitos judiciales de Florida.
En su moción, los demandantes le piden a la corte que bloquee la Sección 10 en su totalidad porque es una «ley estatal inconstitucional que regula la inmigración federal».
Para los demandantes, resulta imperativo que el tribunal evite que esta «ley inconstitucional cause daños irreparables a los demandantes y a innumerables otras familias, organizaciones y comunidades».
«Casi un millón de floridanos viven en familias de inmigrantes de estatus mixto donde los padres, cónyuges e hijos indocumentados comparten el mismo hogar que los ciudadanos estadounidenses y los «residentes permanentes legales», señaló en un comunicado A.J. Hernández Anderson, abogado principal del Southern Poverty Law Center.
Hernández explicó con claridad que esta «draconiana ley antiinmigrante» pone en riesgo a comunidades enteras cuando los miembros de la familia «tienen miedo de llevar a sus seres queridos a recibir atención médica, asistir a eventos de la iglesia, cumplir con los requisitos de la corte de inmigración o cosechar los cultivos de Florida».
«Esta ley debe ser detenida. Estamos pidiendo a la corte que detenga la aplicación de esta ley obviamente inconstitucional y odiosa mientras pasamos por el proceso judicial», subrayó el letrado.
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