El espacio cívico en Venezuela enfrenta graves desafíos que van desde la judicialización de la protesta hasta el encarcelamiento arbitrario y las ejecuciones de civiles a manos de agentes de seguridad del Estado, según recoge el último informe de la organización de defensa de derechos humanos Provea, que por 25 años ha documentado las violaciones de derechos humanos en el país.
Reseña el diario El Tiempo de Bogotá que, para el coordinador de Provea, Oscar Murillo, a quien le realizó una entrevista, hay tres aspectos que se han profundizado en Venezuela, en especial en estos 10 años de mandato de Nicolás Maduro: la pobreza, la impunidad y la sistemática violación de derechos humanos.
Murillo destacó la lamentable cifra de 10 mil 085 asesinatos de venezolanos en esta década, a manos de policías y en contexto de incursiones en zonas populares.
Provea maneja datos alarmantes
—¿Cuáles son los datos más alarmantes de este informe?
—Una gran conclusión de este informe es que sin sociedad civil organizada, los gobiernos tendrían el campo libre para seguir violando los derechos humanos con impunidad y sin consecuencias.
En este caso podemos verificar que el gobierno de Nicolás Maduro en sus 10 años de gestión ha violado los derechos humanos y justamente una de las características, además del empobrecimiento de la población, tiene que ver con la impunidad.
El gobierno ha tratado de construir una narrativa propagandística de que todo está mejorando y esto con el apoyo cómplice de países de la región y otros aliados.
Hoy, con este informe sustentado en cifras, nosotros podemos decir que esta simulación ha terminado y las características del informe es que tenemos una población más empobrecida y altos niveles de impunidad, demostrado por ejemplo cuando vemos que más de 10 mil personas han fallecido en los últimos 10 años a manos de agentes del Estado.
Solamente un 9%, reconocido por el Ministerio Público, es que ha tenido algún grado de investigación.
Provea destaca la sistemática represión contra la disidencia
—¿En qué contexto han sido esas muertes?
—Estos 10 años han sido de gran represión para el país, como el año 2014 y el año 2017, donde hablamos de una represión masiva. Hubo miles de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles e inhumanos.
En esos años va surgiendo la preocupación de que hay en efecto la comisión de crímenes de lesa humanidad, que terminan luego precisamente en una investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pero al mismo tiempo también en este periodo se han establecido unas políticas de seguridad ciudadana que desde el propio diseño están claramente contrarias y violatorias a los estándares de derechos humanos.
En 2019 documentamos esta serie de violaciones de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) donde precisamente los más afectados fueron jóvenes de zonas populares. Vimos una cantidad importante de asesinatos.
La pobreza está aparentemente involucrada
—¿Está relacionado el tema de la pobreza con estos asesinatos?
—Si hay una correlación y la vemos en nuestras cifras. En este marco de 10 años tenemos cifras históricas nunca vistas en la historia contemporánea venezolana. La caída del salario básico, el aumento exponencial de la pobreza y esto nos lleva también a una caída estrepitosa en el Índice de Desarrollo Humano.
Todo esto nos remite a un modelo en el que se ha profundizado el sistema autoritario que lleva a un segundo nivel que es la exclusión social. A mayor pobreza mayor impunidad, y eso significa discrecionalidad en el uso y empleo de la fuerza pública.
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Además, sobre el derecho a la integridad personal, el informe dice que Maduro acumula 43 mil 003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen mil 652 víctimas de torturas, 7 mil 309 víctimas de tratos crueles e inhumanos.
Criminalización de la protesta sindical
—Ustedes recogen en el informe la criminalización por profesiones, por ejemplo los más perseguidos son trabajadores públicos, sindicalistas, periodistas, médicos y maestros, entonces ¿cómo puede actuar la sociedad civil venezolana enfrentándose a esto?
—Este es un Gobierno que comenzó su gestión autodenominándose obrero. Al cabo de 10 años tiene 120 sindicalistas tras la cárcel, algunos de ellos ya han salido bajo medidas condicionales y tenemos más de 3 mil trabajadores amenazados y hostigados.
Los trabajadores de la nómina pública son los más perseguidos, pero aun así cerca del 78% de la población quiere ir a votar el próximo 28 de julio, a pesar de la represión, la persecución, la cárcel y el exilio.
Ahí de lo que estamos hablando es que hay un país que no se cansa de levantarse, que no se cansa de luchar y que ha determinado que la búsqueda de su futuro político, de su bienestar común es a través de las vías pacíficas.
Lee el reporte completo en El Tiempo (Colombia).
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